Promoción de la Ley para la Reforma Política pronunciado el 10 de septiembre de 1976

“Buenas noches. Me presento a todos ustedes para darles cuenta del Proyecto de Ley para la Reforma Política. Para decirles, sencillamente, cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad.

Hablar de política para un presidente del Gobierno quiere decir intentar despejar incógnitas y clarificar los objetivos que perseguimos. A partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Consejo Nacional y, en su momento, a las Cortes el Proyecto de Ley para la Reforma Política, creemos haber llegado a la recta final de este proceso iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática: dar la palabra al pueblo español.

Pienso que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de ésta. Por eso, estamos convencidos que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas articulen el cuerpo nacional.

Se trata de acomodar nuestros esquemas legales a la realidad del país. En consecuencia; hemos procurado examinar con toda objetividad las demandas políticas que se producen desde la ciudadanía, y para ello hemos conectado con muchos de los grupos políticos más significativos que existen en España y que ofrecen alternativas estimables, sean de derecha, de centro o de izquierda, para escuchar con respeto sus puntos de vista.

Pero la opinión pide hechos, y con ellos queremos responder. Ha llegado el momento de clarificar la situación política, y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nueva pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Con ello hacemos realidad el deseo expresado por Su Majestad el Rey ante las modificaciones constitucionales que contiene permitirán que las Cortes – compuestas por Congreso y Senado- sean elegidas por sufragio universal, directo
y secreto, lo antes posible y, en todo caso, antes de junio de 1977. De esta forma, el pueblo participa en la construcción de su propio futuro, puesto que se manifiesta, elige a sus representantes y son éstos los que toman decisiones sobre las cuestiones que afectan a la comunidad nacional.

El proyecto consta de cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una final que le confiere rango de Ley Fundamental. Atribuye la iniciativa de cualquier revisión constitucional al Gobierno y al Congreso de Diputados y establece el procedimiento para su aplicación. Las disposiciones transitorias ensamblan las modificaciones constitucionales que se introducen en esta ley -y que hacen referencia a la composición de las Cortes- con el resto de la legalidad vigente.

Nos parece que cualquier otro planteamiento implicaría el debilitamiento del papel del pueblo, cuando no su marginación. La libre voluntad de los españoles correría el grave riesgo de ser sustituida por acuerdos a nivel de presuntas representaciones que sólo pueden ser verificadas a través de las urnas.

De esta manera, los grupos políticos que hoy se presentan con voluntad de protagonismo y que son significativos y respetables, pero que carecen de mandato popular, comenzarán a ser representativos del pueblo.

Con este proyecto de ley, la reforma de las Leyes Fundamentales es importante, aunque sólo afecte a una parte de las mismas. Y arranca de la legalidad fundamental vigente, llevándose a cabo a través de los procedimientos previstos.

El Gobierno está convencido de que las instituciones comprenderán la necesidad de esta reforma y respaldarán la apelación directa al pueblo al que esas mismas instituciones se deben y sirven. No puede existir ni existirá un vacío constitucional, ni mucho menos, un vacío de legalidad. No puede producirse ese vacío porque España es un Estado de Derecho que se basa en la primacía de la Ley.

Es, precisamente, la legalidad el asidero de que disponemos para garantizar las libertades públicas. La ausencia de normas lleva al arbitrismo y puede conducir a la anarquía. En el proyecto de ley que les anuncio no se pretende hacer borrón y cuenta nueva. Se modifican aspectos concretos para hacer viable el propósito de la Corona de que el pueblo español sea el dueño de sus destinos.

Cuando este pueblo haga oír su voz se podrán resolver otros grandes problemas políticos con la autoridad que da la representatividad electoral. Entonces se podrán abordar con rigor temas como la institucionalización de las regiones, dentro de la permanente unidad de España, la definitiva reforma sindical, la reforma fiscal, la relación del Gobierno con las Cámaras legislativas y aquellos que nos afectan no
sólo en la vida próxima y diaria, sino en cuanto al porvenir de nuestros hijos.

El Gobierno que presido no se plantea la vida política como un simple y, posiblemente, demagógico relevo de clases dirigentes. No sería ni serio ni responsable reducir a eso la gran operación de transformaciones que es preciso acometer.

El Gobierno trata de llegar más lejos: gobernar, con medidas a corto plazo, la transición de un sistema de legítima delegación de autoridad a otro de plena y responsable participación. Pero trata también de que España encuentre el clima suficientemente favorable para trazar una gran política de Estado en la que será precisa la colaboración de todos en la parcela de trabajo –por pequeño que parezca- de cada uno.

Hace poco más de dos meses, después de jurar mi cargo ante Su Majestad el Rey, me dirigía a los españoles en un breve mensaje. Les invitaba a iniciar juntos un camino de futuro, que ha de evitar caer en cualquiera de estas dos tensiones: el partir de cero haciendo tabla rasa de lo que constituye nuestra propia historia, y el entramado de nuestras mismas vidas, o el confiado “aquí no pasa nada”, que ignora la profunda transformación real que se está operando, en todos los niveles, en la sociedad española.

Los propósitos que anuncié aquel día siguen en pie. Sigue en pie, por tanto, la acuciante preocupación por los más graves problemas que a todos nos afectan. Una gran parte de la comunidad se sienta afectada cuando al regresar de las vacaciones se encuentran con nuevas alzas de precios; observa que hay millares de jóvenes que se incorporan cada año a la vida activa, sin posibilidad de encontrar siempre el puesto de trabajo adecuado; advierte que en general muchas empresas empiezan a estar descapitalizadas, o se enfrenta con la dificultad de encontrar en algunas zonas un adecuado puesto escolar para sus hijos…

Las preocupaciones más próximas son, sin duda, las que se refieren a nuestra vida diaria. Soy consciente, como lo es el conjunto del equipo gubernamental, de que nos hemos hecho cargo de dirigir una situación económica difícil. Que estas dificultades económicas les preocupan a ustedes muy legítimamente. Que la sufre todo el pueblo español y que son sentidas con más intensidad por quienes tienen
menores niveles de ingresos. Que, con toda razón, los españoles piden remedios eficaces. Y que estamos ante la circunstancia de coincidir la necesaria Transición política con la crisis económica, de modo que todas las soluciones son más costosas y algunas medidas, políticamente buenas, son económicamente desfavorables, o a la inversa.

Esta situación se agrava más aún, si tenemos en cuenta que, al verse las economías occidentales profundamente afectadas por la crisis energética, España no sólo ha tenido que pagar también la factura de la subida del precio del petróleo sino que, además, la recesión que ha tenido lugar en los otros países ha incidido muy negativamente en nuestro turismo y en nuestro comercio exterior.

La crisis económica internacional ha perjudicado más profundamente a un país como el nuestro, que es un país en desarrollo, pero que no es todavía un país desarrollado.

Esta situación exige una mayor austeridad en todos los niveles públicos y privados y un máximo sentido de la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores, cuyos intereses deben coincidir básicamente en un momento en que lo fundamental es dinamizar nuestra economía, a través del impulso de la iniciativa privada y de la colaboración entre todos aquellos que participan en el proceso
productivo.

Reconozcamos todos que los problemas que tiene España, como cualquier país en desarrollo, ni pueden resolverse de golpe, ni el Gobierno dispone de una fórmula mágica capaz de solucionarlos en el acto.

Al Gobierno le habría gustado conducir la Transición política en una situación económica como la que disfrutábamos hace varios años, en plena expansión nacional e internacional. Pero acepta serenamente los datos de la realidad, y con ellos se propone sentar las bases para la construcción de nuestro futuro.

El Gobierno se encontró con tres tipos de necesidades que requieren tres tipos de acciones:
La primera es facilitar la Transición. La acometemos con la ley anunciada. Significa reconocer la voz del pueblo. Al hacerlo, estamos en condiciones de decir que no se permitirá un asalto a ese pueblo basado en el recurso a la violencia en la calle –sin tener en cuenta que la calle es patrimonio de todos-, ni mucho menos en el intento de atribuirse representaciones que no vengan directamente conferidas por
los votos.
La segunda es solucionar los problemas económicos y sociales heredados y anular sus causas. En la medida en que estas causas sean políticas, se trata de buscar la necesaria clarificación. En la medida en que sean puramente económicas, hay soluciones. Por ello el Gobierno ha adoptado un conjunto escalonado de medidas a corto plazo para corregir de inmediato los más acuciantes desequilibrios económicos y sociales. Con las adoptadas y con otras más que en breve el Gobierno explicará, habremos sentado las bases imprescindibles para acometer una programación económica de largo alcance.

Tratamos de encauzar con justicia la vida económica y social, y en ello comprometemos nuestra autoridad. No queremos tapar huecos, sino dejar un país viable y ordenado para quienes nos sucedan. Pero no nos engañemos. Las resoluciones económicas ya acordadas por el Gabinete, que por sí mismas y en otros tiempos ya habrían generado un enérgico cambio de rumbo, no han tenido toda la virtualidad que de ellas cabría esperar. Y ello se debe, hay que reconocerlo con claridad para salir del círculo vicioso en que podemos caer, a la incidencia de la vida política en la económica. Mientras no se despejen las incógnitas políticas que gravitan sobre el país, no podrá existir reactivación ni estabilidad económica.

He ahí un punto más que nos demuestra la interrelación de los procesos económicos y políticos y una trascendental razón añadida, por la cual, al mismo tiempo que reordenamos la economía, tenemos que acometer con toda claridad, rapidez y firmeza, la importante operación de nuestra reforma política.

Nuestro compromiso es que la estabilidad alcanzada no se deteriore; que los niveles de renta y de seguridad y bienestar social no sufran merma. Que se mantenga el poder adquisitivo de las rentas salariales; que se respeten la iniciativa y la empresa privada y se reconozca su eficacia y su contribución a la expansión económica y social. Pero si son precisos sacrificios, tengan la seguridad de que serán los indispensables. Y algo más: que debe ser el conjunto de la comunidad nacional la que los supere con sentido de justicia y solidaridad para que para que sean compartidos por todos los sectores sociales.

La tercera es que, cuando la España de la Monarquía comienza a rendir sus frutos, las tareas de la reforma no harán que se olviden nuestros objetivos como nación.

Vamos a comenzar un gran debate nacional sobre nuestro futuro. De él se derivará la claridad que necesitamos para poder elegir con rigor y garantías. Ante España se abre un nuevo horizonte.

Como señaló SM el Rey, España es hoy una nación joven, en cuya población los dos tercios tienen menos de cuarenta años… «Ningún obstáculo se opondrá a que nuestra comunidad española siga adelante, trabajando por la creación de una sociedad cada vez más próspera, más justa y más auténticamente libre».

Esta convocatoria de la Corona es la gran misión para el futuro del pueblo español; se trata de la definición de una gran política de objetivos nacionales comunes, que no pueda ser rechazada con fundamento por ningún grupo, por ningún partido, por ninguna institución que participe de la esencia de esa comunidad de ideas e intereses que llamamos España.

Soy consciente de la dificultad de esa gran política de Estado al margen de los cambios de Gobierno, al margen de la diversidad de opiniones, al margen del ejercicio de opciones y alternativas pluralistas y distintas. No es lógico que cada Gabinete que llegue al poder cambie de objetivos, cuya consecución sólo se obtiene tras largos años de esfuerzos continuados.

Las grandes líneas de la política exterior; el proyecto de hacer una España más humana y personalizada, que responda a esquemas básicos de política educativa y cultural; la elevación del nivel de bienestar de los que todavía no han alcanzado un mínimo justo, y tantas otras cosas, no pueden quedar sometidas a alternativas circunstanciales.

No es presentable para un país necesitado de seguridad que la política educativa cambie cada pocos años; que la falta de claridad en política agraria lleve al desaliento a los hombres de nuestro campo; que la Administración se vea sometida a seísmos cada vez que hay un relevo en los puestos clave. No hay más política, señoras y señores, que la del esfuerzo común.

El país está vivo y es joven. Esa vitalidad y esa juventud son, qué duda cabe, conflictivas; pero son una fuente de riqueza que hay que aprovechar y canalizar.

España es, ante todo, un gran país de peso específico en el mundo, que no debe perder su camino y debe reforzar su sentido de la dignidad nacional.

Por eso, hoy, que es un día más en la política española, quiero dirigirme a todas las mujeres y hombres de España. Quiero, en nombre del Gobierno, invitarles a todos a un acuerdo básico.

Anteponer, en el tiempo que dure la construcción de nuestro nuevo horizonte, los intereses generales a los particulares. Quiero invitarles a una coincidencia en nuestro futuro nacional, montado sobre la base de la variedad de alternativas que ustedes mismos elegirán. Tenemos la convicción de que es posible un gran acuerdo para la democracia, para la paz, para encontrar definitivamente unas bases sólidas cimentadas en la aceptación de los verdaderos intereses nacionales, para nuestra convivencia y nuestra grandeza como nación.

Desde este compromiso podemos aspirar a los grandes objetivos nacionales. El Gobierno desea que el nuevo horizonte de España no tenga sólo metas irrenunciables y entrañables como Gibraltar. Nuestro tiempo habla de nuevas aspiraciones. Habla de centrar nuestro papel en el equilibrio geopolítico del mundo; habla de crear nuevas ilusiones colectivas; habla, en definitiva, de una gran solidaridad nacional por un futuro de prosperidad.

Tenemos la confianza de que nada de lo que espere al pueblo español en el futuro puede ser más difícil de superar que lo que ya ha sido resuelto en el pasado. Bajo la Corona, se pueden afrontar todos los problemas con la conciencia clara de que todos se pueden resolver. No hay por qué tener miedo a nada. El único miedo racional que nos debe asaltar es el miedo al miedo mismo.

El Gobierno está dispuesto a que un nuevo horizonte se consolide y para ello pide el apoyo y colaboración de toda la sociedad. El proceso de reforma se hará desde el imperio de la ley y con la firmeza necesaria para impedir el desorden. Pero nada es posible sin el respaldo de la comunidad nacional, de las instituciones, de los grupos, de los partidos, y de las fuerzas sociales. Ante ese pueblo, cuya politización es la simple pero soberana politización de querer decidir su futuro, y decidirlo en paz, en orden y seguridad, hemos querido comparecer hoy.

Y repetir, una vez más, que el futuro no está escrito, porque sólo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra. El Gobierno que presido ha preparado los instrumentas para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad. Para garantizar en definitiva, su soberanía. La soberanía del pueblo español.

Buenas noches”.

Discurso electoral "Puedo prometer y prometo" pronunciado el 13 de junio de 1977

“Buenas noches, señoras, señores: Vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Vengo, como candidato, a pedir su voto para la Unión de Centro Democrático.

No vengo con fáciles palabras a la conquista de votos fáciles. Sé muy bien –y lo demuestra la experiencia- que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro.

Unión de Centro Democrático no se presenta a ofrecer utopías. Formamos un equipo de hombres con experiencia política y de Gobierno capaces de dirigir los intereses de la nación y de ser una vía segura a la democracia.

A nuestra derecha existen partidos y coaliciones que propugnan reformas que nosotros consideramos absolutamente insuficientes y que tienen un talante político que juzgamos poco propicio al diálogo.

A nuestra izquierda, los partidos más importantes ofrecen a corto plazo unos objetivos moderados, pero ellos mismos no ocultan que su meta es lograr una sociedad inspirada y dominada por la ideología marxista.

No procedo ni estoy ligado a ningún sector privilegiado. Y mis cuentas están claras, como pueden ustedes comprobar en la declaración de bienes que en 1965, al ser nombrado ministro en el primer Gobierno de la Monarquía, hice ante el notario de Madrid don José Luis Crespo Roméu.

El candidato que les habla procede del medio rural y sabe de las penalidades del hombre del campo, que sigue esperando una mano redentora. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Escuché a todos e intenté hacer posible que todos los grupos, cualquiera que fuese su ideología, pudieran trabajar por España desde la legalidad.

Acerté algunas veces, me habré equivocado en otras ocasiones. Pero pueden estar seguros de que nunca hubo improvisación en la tarea del Gobierno. Como españoles creo que podemos tener el orgullo de que en estos once meses España haya empezado a contar positivamente en el mundo actual y este mundo haya comenzado a contar con España.

Si ustedes desean mi sinceridad, les diré que aspiro a proseguir la tarea, porque tengo vocación política y para un político las dificultades de dirigir un país estáncompensadas por la satisfacción de trabajar por y para todos sus conciudadanos.

Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español, y pasado mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la Transición, en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que, con las lógicas deficiencias, lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y el miércoles pueden lograrlo.

Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural.

Pero quiero insistir, señoras y señores, en que nada va a ser fácil. No puedo asegurarles soluciones inmediatas y milagrosas ni que de la noche a la mañana se satisfagan todas las reivindicaciones, incluso las de estricta justicia.

No puedo asegurar que se arreglen rápidamente problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, aunque la actual libertad de expresión los haga aparecer como nuevos. No puedo asegurarles nada de esto, porque somos un país con recursos limitados, con deficientes estructuras, con desigualdades irritantes y con una legislación que no se acomoda a la realidad de 1977.

Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer, y prometo, que nuestros actos de Gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas.

Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.

Puedo prometer, y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.

Puedo prometer, y prometo, que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice, de una vez para todas, que pague más quien más tiene.

Puedo prometer, y prometo, un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características.

Puedo prometer, y prometo, que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma, que todos ustedes puedan controlar las acciones de Gobierno.

Puedo, en fin, prometer, y prometo, que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.

Señoras y señores: Hoy como candidato solicito su voto. Lo solicito para las candidaturas al Congreso que Unión de Centro Democrático presenta en toda España y para los hombres y mujeres de Unión de Centro Democrático que aspiran al Senado.

Al hacerlo los convoco a un nuevo horizonte. Hemos sacado adelante la Reforma Política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan.

A ello les convoco. No los llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios, ésta es la verdad. Pero lo soportaremos todos, sin una sola excepción.

Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática, capaz de dar respuestas realistas a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte.

Y para eso les pido su voto.

Muchas gracias».

Discurso de investidura pronunciado el 30 de Marzo de 1979

«Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Señoras y señores Diputados, por designación de S. M. el Rey comparezco ante SS. SS. en un acto cuya significación y alcance se delimitan en el artículo 99 de nuestra Constitución. Me propongo, pues, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, formular los principios programáticos básicos, trazar las coordenadas de actuación y fijar los objetivos y medidas fundamentales que perfilarán durante la presente Legislatura nuestra acción de Gobierno si la Cámara expresa su aprobación.

El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo período; comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad.

Se trata, por consiguiente, de saber realizar el cambio social con sinceridad, conjugando prudencia y audacia y eligiendo también el camino de la reforma responsable y gradual que conformó la realización del cambio político y tal es, ni más ni menos, la expresión última de la voluntad política del próximo Gobierno de UCD.

El cambio político se verificó en torno a un eje de sensatez consistente en ajustar los ritmos de tiempo sin regatear o eludir los contenidos. Nos proponemos ahora realizar el cambio social en una búsqueda constante de la justicia, demostrando en el terreno de los hechos que la vía reformista es la más adecuada para la transformación de la sociedad.

Con esta voluntad, me permito invitar a SS. SS. a avanzar en la definitiva institucionalización de una democracia a la altura de nuestro tiempo y a vivir la gran ilusión colectiva de la progresiva modernización de la sociedad española.

La cuestión, en la realidad, una vez más, consiste en averiguar si, a uno y otro lado del espectro, se aceptará el grado de cambio razonable y posible exigido por las transformaciones sociales y por el objetivo de justicia o se desatará el radicalismo para hacerlo inviable.

En síntesis, éste es el cuadro y en este gran marco se inscribe la gran tarea que tiene que cumplir el pueblo español y de la que el Gobierno de la Nación se esforzará en ser impulsor. Somos un país viejo que no tiene sus nuevas fronteras fuera de sí, sino dentro de lo que a lo largo de los siglos ha sido la difícil y terca voluntad de convivencia entre lenguas y culturas diferentes. El reto actual consiste en admitir que somos como somos, en empeñarnos en mejorar cada día y en levantar el país a base de trabajo, capacidad autocrítica y espíritu de sacrificio. La nueva frontera, en una palabra, no está lejos de nosotros, sino dentro de todos y cada uno de nosotros mismos. Hemos de saber encerrarnos en esta identidad definitoria para plantar sólidamente las raíces del gran pueblo que todos juntos podemos ser.

Y tenemos voluntad, fortaleza y experiencia política para serlo. La oportunidad histórica para lograrlo se conjuga ciertamente con una serie de dificultades económicas y sociales que podrían tratar de impedirlo. Más lo que importa es elegir correctamente y apostar por la justicia y la equidad con tenacidad y con eficacia en vez de turbarnos por el verbalismo y la frivolidad.

Nos enfrentamos con una situación nueva porque iniciamos una nueva legislatura en el contexto de una de las constituciones más jóvenes y progresistas del mundo, desde la que hemos de afrontar viejos problemas en no pocos casos seculares. No basta, por tanto, para definir la nueva realidad española con decir que España ha sido capaz de darse un régimen democrático. Hay que añadir que los españoles estamos decididos a consolidar una democracia cuyos contenidos reales estén perfectamente sintonizados con los valores sociales de nuestro tiempo.

Hemos de alcanzar una democracia social fiel a los acentos de modernidad de un sistema político que inicia su andadura en el último tercio del siglo XX. Por eso la etapa que aparece ante nosotros no ofrece treguas ni ocasiones para la comodidad. Exige, bien al contrario, llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos y requiere una actitud clara e inequívoca para interpretar y asumir los deseos de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo español.

Nuestro verdadero compromiso está, pues, identificado con el futuro. Vamos a esforzarnos para que, por primera vez en nuestra Historia, la Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos, sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa.

Entendemos por ello que el sistema de derechos y libertades que perfila la Constitución es el obligado punto de referencia para la modernización de nuestro país, para la consecución de una sociedad libre de viejas ataduras y de los privilegios y desigualdades que han caracterizado la estructura social española. Creo que la profundidad, la serenidad y el rigor con que se ha realizado en España el cambio político constituyen suficiente garantía de que podemos efectuar la modernización de la sociedad española sin convulsiones ni sobresaltos.

Durante estos próximos años es nuestra pretensión recrear el tejido del cuerpo social. Es necesario que fluya la creatividad social, que se multipliquen los centros de decisión y las iniciativas. No queremos en modo alguno imponer desde el poder un modelo preconcebido de organización social, sino establecer un cuadro institucional que garantice la libertad y la participación ciudadana y estimule la aportación de todos a la vida colectiva. Para nosotros, la persona es el fundamento primario y el objetivo último de toda acción política y la sociedad el espacio en el que naturalmente se desarrolla la libre iniciativa personal que engendra el verdadero progreso. Creemos, en una palabra, que la política debe ser una parte noble de una sociedad viva y actuante, no su condicionante o el inicio de su disolución en el seno de una organización burocratizada y deshumanizante.

A la vista de este propósito, quisiera enmarcar la política que pretendemos desarrollar bajo la vigencia de dos grandes presupuestos implícitos en la esencia misma de la democracia:
Primero. La necesidad de que todas las fuerzas políticas contribuyan al planteamiento y resolución de los grandes problemas nacionales desde su respectiva órbita ideológica y desde la responsabilidad que les corresponda en función de la posición que asuman en el sistema institucional.
Segundo. El firme criterio de UCD como primera fuerza política de no pretender en modo alguno un papel exclusivo de cara al desarrollo de la Constitución, pero sí de hacer valer el imprescindible condicionamiento democrático de que semejante desarrollo sea afrontado básicamente desde los planteamientos contenidos en su programa electoral porque tal ha sido el mandato surgido de las urnas.

Pienso que estas precisiones iniciales pueden contribuir a centrar el enfoque que queremos dar a la gestión política durante la actual legislatura. Y hacerlo, además, como expresión de nuestra identidad política, nunca como negación de la identidad de los demás.
Con estas palabras, por consiguiente, no sólo quiero señalar que el consenso ha terminado, sino expresar el reconocimiento que merece su importante contribución al proceso constitucional. Quizá el consenso ha producido decepciones en ciertos sectores. Y ello requiere que a la ingratitud de las incomprensiones demos la gratitud de la certeza de que la Historia juzgará el consenso constitucional como uno de los pilares básicos de la España moderna. Fue una solución excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra evolución política, una prueba de la madurez y responsabilidad de los partidos políticos a la hora de defender los verdaderos intereses del pueblo y del Estado.

Nos encaminamos a la realización de un programa de Gobierno concebido bajo la óptica de un programa de partido y coherente con la palabra comprometida ante el electorado pero que pretende servir honestamente a la totalidad de los españoles y a los intereses generales del país.

Se trata de un programa centrista, a través del cual queremos que España se incorpore plenamente a la vida europea de hoy. La defensa del modelo de sociedad occidental, la inspiración en la ética y en los valores del humanismo cristiano y la asunción del sistema de economía de mercado, corregido por unos objetivos sociales que le sitúan al servicio del hombre e impiden hacer del hombre un engranaje al servicio de fuerzas deshumanizadas, constituyen los fundamentos imprescindibles, los fundamentos que nosotros asumimos, en la búsqueda de un adecuado equilibrio entre progreso, libertad, igualdad y solidaridad entendidas como dimensiones de la justicia.

Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad porque siempre están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del autoritarismo, algunos pensamos que frente a la tentación dirigista en áreas impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en áreas de un paternalismo providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se requiere la potenciación de la capacidad auto organizativa de los entes sociales, la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo, para cerrar o erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que lamentar.

Y, sin embargo, desde la libertad, desde su ejercicio responsable y desde el despliegue y la reivindicación de las libertades concretas, hay una gran tarea que nos aguarda a los españoles. Hemos modernizado la institución estatal al instaurar un Estado de Derecho y ahora nos corresponde modernizar la sociedad mediante el impulso del cambio social.

De la misma manera que en el proceso político negamos la razón de ser de la dialéctica de las dos Españas, en el orden histórico y político vamos ahora a tratar de destruir la rígida separación entre la España de la riqueza y la España de la miseria, entre las regiones ricas y las regiones atrasadas, entre la ostentosa opulencia de unos pocos y la marginación y la pobreza de miles de familias a la espera de seguridad, de trabajo, vivienda y educación.

El programa de gobierno que pretendemos poner en práctica busca poner las bases de una sociedad más próspera y radicalmente más justa que la sociedad anterior, que la propia sociedad actual. No vamos a hacer, por consiguiente, una política tímida ni a poner parches o paños calientes. Y a tal fin importa menos escarbar en el pasado, recrearse en la crítica y en el pormenor de los fracasos, que imaginar el porvenir y tener la audacia necesaria para hacerlo posible. El Gobierno de UCD no va a hacer, desde luego, una política revolucionaria, pero realizará reformas profundas y rigurosas que modificarán seriamente las estructuras de nuestro país.

A la incomprensión de quienes no entienden lo que es un partido de centro, de raíz popular, interclasista, surgido en el seno de una sociedad industrial y ajeno, por tanto, a una concepción bipolar del antagonismo social, contestamos con la coherencia de un programa de gobierno progresista y reformista que supondrá, si el acierto preside nuestras decisiones, un progreso social cierto. No vamos a hacer una política al servicio de un sector de la sociedad, ni tampoco en beneficio exclusivo de nuestros afiliados o votantes. El Gobierno realizará una política al servicio de todo el pueblo español, procurando que ninguna pretensión legítima deje de ser defendida ni ninguna causa desoída.

Nos duelen las injusticias de España y negamos que nadie nos aventaje a la hora de procurar su corrección. Lo que ocurre es que una cosa es rechazar posiciones de principio que niegan, contra toda evidencia, las posibilidades reales de una sociedad interclasista, integrada y sólidamente afincada en la dignidad de la persona, y otra muy diferente dar por buenas las lacerantes desigualdades que es necesario y urgente erradicar.

No haremos, en consecuencia, ni una política débil, ni acomplejada, ni timorata. Tenemos perfectamente claros los objetivos que perseguimos, tenemos una palabra inequívoca empeñada con el pueblo y vamos a cumplir una vez más lo que prometemos. Podemos quedarnos cortos en el acierto o errar en la ejecución, pero no lo seremos en la sinceridad de los planteamientos y de las decisiones.

Creo que no es aventurado afirmar que el pueblo español y las fuerzas reales que lo articulan socialmente o encauzan las corrientes de opinión nos piden hoy que procedamos entre todos a una tarea de clarificación. Clarificación para comprender globalmente, más allá del problema vital e inmediato de cada uno, la situación en que se encuentra España, sus problemas reales y concretos y nuestras propuestas para afrontarlos, Clarificación también para saber con certeza, más allá de las formulaciones generales de una campaña electoral, hacia donde vamos y hasta donde queremos llegar, es decir, en suma, para despejar y aproximar un horizonte, que las exigencias de un proceso de transición singular y el asentamiento previo e inevitable de unas bases para la convivencia democrática han impedido proyectar con toda nitidez.

Esta exigencia de clarificar la vida pública nos lleva inexorablemente, como paso preliminar, a asumir con plenitud la realidad tal y como creemos que es, a reconocer en toda su dimensión la magnitud de los problemas existentes y a afrontar exigentemente su solución en el marco de una concepción realista tan alejada de un conservadurismo que subordina, desvirtúa o elude los requerimientos de la justicia, como distante del idealismo utópico que ignora los imperativos y obstáculos de una realidad testaruda que la mera fuerza de las ideas o de los propósitos bien intencionados no puede por sí sola diluir.

Pienso que la realidad en que hoy estamos inmersos podría definirse como una acumulación de cuestiones y problemas que hacen enormemente compleja la acción de gobierno. Pero pienso, asimismo, que nuestra realidad es hoy también una amplia puerta abierta a la esperanza, porque todos ellos, todos esos problemas y cuestiones, después de haber asentado las bases de nuestra convivencia democrática encuentran un adecuado cauce de solución desde y a través de la Constitución y mediante una firme actuación política que sólo también ahora puede desarrollarse bajo el imperio de la certeza y seguridad jurídica de que antes carecíamos por resultar inaplicables o inadecuadas las leyes entonces vigentes o por ser estas: contradictorias e incompatibles con los propósitos y objetivos que perseguíamos.

Esta compleja realidad, reducida a síntesis conceptual y programática, puede insertarse en el marco de seis grandes coordenadas dentro de las cuales habrá de desenvolverse la política general del Gobierno durante los próximos cuatro años:
Primera. La definición y ejecución de una política exterior que asuma los factores geopolíticos que la condicionan inexorablemente sin perjudicar por ello la independencia da nuestra acción internacional en ciertos ámbitos.
Segunda. La realización de una política de defensa nacional en la que las Fuerzas Armadas constituyan por sí mismas un factor de disuasión determinante con capacidad de reacción inmediata, de respaldo de nuestra acción exterior y de defensa del ordenamiento constitucional.
Tercera. La intensificación y ampliación de la acción destinada a garantizar en mayor medida la seguridad ciudadana y hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo de toda índole.
Cuarta. La búsqueda permanente de un equilibrio social dinámico y de progreso que fortalezca y vitalice el Estado de Derecho y que confiera cada vez más contenido real a los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad entendidos, en definitiva, como expresiones distintas de la justicia.
Quinta. El desarrollo de la Constitución, es decir, la concreta institucionalización legal de todas las dimensiones sustantivas del Estado Social y Democrático de Derecho como forma de organización política de una sociedad pluralista y libre concebida para hombres libres.
Sexta. La distribución territorial del poder del Estado a través del proceso autonómico para consagrar legalmente la diversidad real de la comunidad española en el marco irrenunciable de la unidad nacional de España y bajo el imperio de la soberanía única del pueblo español.

En el ámbito internacional, el Gobierno se propone llevar a cabo una política realista activa e independiente que, partiendo de las transformaciones internas operadas en España, sea capaz de potenciar nuestra acción y defender nuestros intereses, en un mundo cada vez más interdependiente y en rápido proceso de transformación.

Esta política estará encaminada a garantizar nuestra seguridad y nuestra independencia, a restablecer con la recuperación de Gibraltar nuestra integridad territorial, a asegurar el suministro de materias primas y productos energéticos, a mejorar las condiciones de vida y los niveles de bienestar de los españoles y a contribuir a la construcción de un mundo más libre, más pacífico, más seguro y más justo.

Por convicción profunda somos partidarios del mantenimiento de la paz y contrarios al uso de la violencia y estamos dispuestos, en la medida de nuestras posibilidades, a favorecer el entendimiento, la solución pacífica de los conflictos y la distensión internacional. Pero esta decidida vocación de paz nuestra no puede hacernos olvidar que vivimos en un mundo donde todavía persisten confrontaciones, conflictos y tensiones.

España está incluida en el dispositivo estratégico occidental a través del Tratado Bilateral con Estados Unidos. Este Tratado deberá redactarse a su vencimiento para adecuarlo a la nueva realidad.

Unión de Centro Democrático -es conocido de todos- es partidaria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia con su vocación europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la NATO debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de nuestras peculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio respaldo parlamentario. A esta Cámara corresponderá en su día debatir el tema, analizando con rigor e imaginación las condiciones y modalidades de esa eventual adhesión en la forma en que resulte más favorable para nuestros intereses políticos y estratégicos.

Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo económico, militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y muy variadas las soluciones posibles a que puede llegarse en cada uno de estos terrenos.

España quiere estar presente con plenitud de derechos en las Instituciones europeas Por eso negociamos la incorporación en las Comunidades con el propósito de aportar nuestras ideas y nuestro esfuerzo a la realización de las finalidades políticas previstas en los Tratados Fundacionales y para la mejor defensa de nuestros intereses.

La inserción de España en Europa es plenamente compatible con nuestra identidad iberoamericana, que habrá de adquirir nuevas dimensiones. El capital que supone nuestra comunidad cultural, histórica y lingüística nos permitirá hacer ver a las Comunidades Europeas que, en nuestra opinión, quedan mutiladas si abdican de establecer una estrecha relación de colaboración con Iberoamérica.

Para cumplir con esta misión y reforzar en todos los órdenes las relaciones con los países hispanoamericanos, el Gobierno, superando definitivamente posiciones retóricas, se propone impulsar el Centro Iberoamericano de Cooperación y potenciarlo al máximo, asegurándole los medios suficientes para hacer frente a las necesidades de cooperación con los más diversos sectores iberoamericanos.

Nuestra situación geográfica, que ha marcado durante tantos años el interés español por los acontecimientos en el Mediterráneo y en el norte de África, nos exige adoptar en esta zona geográfica una posición imaginativa y abierta para contribuir al logro de una solución pacífica que tenga en cuenta todos los intereses de la región. La proyección norteafricana, sin embargo, no puede limitar nuestra acción en el resto del continente africano ante la complejidad de los intereses españoles y de aquellos que puedan nacer como consecuencia de nuestra incorporación a las Comunidades Europeas y por virtud de los acuerdos firmados por la Europa Comunitaria con ciertos países africanos. Mientras avanza nuestro proceso de adhesión a las Comunidades, el Gobierno, para facilitar los contactos con países árabes y africanos y con otras zonas afectadas por los problemas típicos del subdesarrollo, presentará a esta Cámara una Ley de Cooperación Técnica que pueda encauzar hacia los Estados más necesitados no sólo la ayuda financiera que España pueda aportar a su desarrollo, sino la contribución de sus profesionales y de su tecnología.

Otra preocupación básica del Gobierno será la protección de nuestros nacionales en el extranjero, porque ningún objetivo más noble puede pretender nuestra acción en el exterior que la defensa y protección de los intereses de aquellos españoles que, alejados de su tierra, tienen que desarrollar su actividad fuera de su país. El Gobierno defenderá con todo el esfuerzo de que sea capaz los intereses de los emigrantes y residentes fuera de España para ofrecerles la adecuada protección, asegurar sus derechos políticos, laborales y sociales y facilitarles la adecuación y la asistencia social necesaria para ellos y para sus hijos.

Proponemos en suma una actitud positiva y constructiva en los grandes temas que tiene planteados la Comunidad Internacional, donde, por nuestra singularidad y nuestro papel de potencia intermedia, podemos desempeñar una función de acercamiento entre las distintas posiciones hoy divergentes. Estos temas incluyen nuestra aportación a los esfuerzos en favor de un desarme general y completo bajo adecuado y eficaz control internacional; nuestros esfuerzos para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo, basado en el desarrollo integral de la persona; nuestra firme actitud a favor de la salvaguarda y protección de los derechos humanos, convencidos como estamos de que el orden político y la paz social no pueden tener otros fundamentos que la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos inviolables que le son inherentes.

En resumen; una política abierta a todos los problemas de nuestro tiempo, liberada de cualquier servidumbre, enmarcada por los principios de pleno respeto a nuestra soberanía e independencia y de no injerencia en los asuntos internos de otros países y una política, en fin, al servicio del pueblo español y de los intereses permanentes de España.

Quiero subrayar ante Sus Señorías que la Defensa Nacional es responsabilidad de todos los españoles y objetivo prioritario para el Gobierno. Por ello confiere la máxima importancia a cuanto concierne a las Fuerzas Armadas.

Aunque en el programa de UCD están claramente expuestos los criterios fundamentales sobre la Defensa Nacional y los objetivos que se pretenden alcanzar, querría afirmar en este momento nuestra decisión de cumplir dicho programa, limitándome ahora a subrayar los aspectos siguientes:
Por su urgencia, el Gobierno concederá prioridad a la acción social, a la regulación de escalas y a la determinación del objetivo de fuerza conjunto.
La acción social será mejorada y potenciada en todos sus aspectos, se completará la dotación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas -ISFAS-, de reciente creación, y el plan de viviendas, en el presupuesto pendiente de aprobación por las Cortes.
La regulación de ascensos y escalas, ya iniciada, que remedie situaciones anómalas existentes, se plasmará en disposiciones que, en plazo breve, serán sometidas a la consideración de esta Cámara. Con ellas, respetando siempre derechos adquiridos, se tratará de lograr un rejuvenecimiento progresivo de los cuadros de mando y dar un esperanzador sentido de carrera a todos los escalones de los mismos.
La determinación del objetivo de fuerza conjunto traerá consigo la adopción de la más idónea estructura orgánica, la potenciación de sus efectivos y el logro del factor disuasorio que han de constituir nuestras Fuerzas Armadas. La Junta de Jefes de Estado Mayor, el Gobierno y el Parlamento, cada uno en la esfera de sus respectivas competencias, serán responsables de la consecución de este objetivo.

Quiero destacar también, por su importancia, que en esta materia pretendemos conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
La adecuada cobertura de inversiones y gastos.
El necesario plan de infraestructura, apoyo y sostenimiento.
Una industria para las necesidades de la defensa que garantice el suministro necesario a nuestros Ejércitos y actúe como eficaz impulsor de la economía y la investigación nacionales.

Y como base imprescindible de todo ello se prestará especial atención a mejorar constantemente la formación de sus hombres, tanto de los cuadros profesionales como del personal en filas. Se adecuarán las retribuciones a la dedicación efectiva, se regulará el régimen del voluntariado especialista y se mejorará el haber en mano de soldados y marineros, dentro de un conjunto de medidas que contemplen prioritariamente al componente humano de los Ejércitos.

En el momento de comparecer ante esta Cámara soy consciente de que al pueblo español no le inquieta únicamente la situación de crisis que vive el país o su prosperidad económica y social. Entiendo que, en esta hora, la paz ciudadana, la seguridad de las personas, el mantenimiento de un orden público que garantice el ejercicio de las libertades, es también en su ánimo cuestión prioritaria. Asegurar la tranquilidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, de nuestros domicilios y de nuestras familias, es un principio que insertamos como eje básico del programa del nuevo Gobierno. La democracia se basa en la libertad y la justicia como valores superiores realizados bajo el imperio de la ley entendida como expresión de la voluntad popular. Por tanto, el acatamiento de sus reglas y de sus leyes, aprobadas en el Parlamento, es una obligación de todos que el nuevo Gobierno hará cumplir del modo más enérgico e inexorable.
Nuestra meta ha de ser, pues, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero para conseguir tal objetivo es preciso rodearle de todos los dispositivos necesarios para que nadie pueda poner en peligro su autoridad y estabilidad. El Estado de Derecho ha de ser, en efecto, capaz de prevenir y, en su caso, reprimir las agresiones que atenten contra sus fundamentos o contra la conveniencia de los ciudadanos.

Independientemente de los proyectos legislativos que el nuevo Gobierno presentará para regular el régimen de libertades diseñado en la Constitución, resulta imprescindible formular, y es nuestro propósito llevar a cabo, una serie de programas de reformas en el campo de la seguridad ciudadana. En este sentido, junto a la garantía jurisdiccional de las libertades públicas, realizaremos una eficaz política de protección de la seguridad ciudadana y una decidida lucha contra el terrorismo.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Gobierno proseguirá su tarea de conseguir una mayor profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; una más intensa especialización de los mismos para lograr un alto grado de operatividad en todos los campos en los que el delito es más frecuente o atenta en mayor medida contra la convivencia, y, finalmente, la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de un órgano director de la Seguridad del Estado. La extensión de los servicios de radiopatrulla y de patrulla urbana y la ampliación de los centros operativos de servicios de la Guardia Civil y de los Grupos Especiales Operativos de la Policía Nacional, no serán más que ejemplos singulares de la firmeza y amplitud con que el Gobierno pretende afrontar sus responsabilidades en materia de orden público y de seguridad ciudadana.

El tratamiento de la lucha contra el terrorismo -que ha rendido ya sus frutos innegables- nos está exigiendo a todos reforzar una estrategia y un planteamiento global en el que, una vez vigente y en fase de desarrollo la Constitución, adquieran particular importancia las medidas de índole policial. El fenómeno terrorista, su complejidad creciente y su alto grado de profesionalización reclama una labor de formación de unidades especializadas en la información y en la acción. Y esto es ya, y seguirá siendo, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno con el fin de erradicar esta lacra que se cierne sobre muchos países democráticos, entre los que España no es desgraciadamente una excepción.

Los problemas de la economía española y las posibilidades de resolver la crisis actual han de examinarse en el contexto de la economía internacional. Nuestra economía está cada vez más vinculada a los intercambios mundiales, y han pasado ya los tiempos en que cabía pensar en la elaboración de un programa económico al margen de los condicionamientos impuestos por la situación económica internacional.

Nuestra crisis es parte de la crisis económica mundial. Las grandes economías industriales, y especialmente las europeas, no acaban de encontrar un camino firme de expansión tras la grave recesión de 1974-1975. Las tensiones inflacionistas, con su resistencia a ceder y su disposición a recrudecerse en cualquier momento, limitan las posibilidades de políticas económicas más expansivas. Los desequilibrios de las balanzas de pagos por cuenta corriente y las consiguientes alteraciones en los mercados de cambios fomentan las prácticas proteccionistas, reducen la expansión del comercio mundial, agravan los problemas de los países en vías de desarrollo e introducen importantes elementos de incertidumbre y riesgo en los mercados financieros internacionales.

Este es el marco en que hemos de movernos y no cabe esperar que de él vayamos a recibir estímulos favorables en los próximos años. Olvidar esto sería incurrir en un voluntarismo sin futuro. Recordarlo equivale a asumir algunos de los condicionamientos primarios dentro de los que ha de desarrollarse nuestra política económica.

Pero no sólo pesa sobre nosotros la crisis económica mundial. Tenemos que afrontar, además, la existencia de problemas procedentes de un prolongado tiempo en que se mantuvieron latentes y ocultos en la gran expansión mundial de los años 60, pero que han aflorado a la superficie con la crisis económica y el cambio de sistema político.

Toda la problemática del paro, prácticamente desconocida en España hasta hace unos años, era una realidad oculta. El recurso a la emigración masiva escondía la incapacidad del sistema productivo español para ofrecer regularmente puestos de trabajo a los hombres y mujeres que anualmente llegaban a la edad laboral.

Los desequilibrios regionales y los desequilibrios industriales, característicos de una fase de expansión acelerada, estaban solapados tras las cifras de un desarrollo cuantitativo; pero se han manifestado en toda su gravedad cuando la crisis mundial ha puesto de relieve la importancia de un crecimiento equilibrado.

Finalmente, hay que subrayar la gran rigidez en el sistema de relaciones laborales como contrapartida de la negación del derecho de huelga y de los derechos sindicales, rigidez incompatible con el normal funcionamiento de una economía moderna, flexible y progresiva y de una sociedad en proceso de integración en Europa y en la que la Democracia está institucionalizada y las libertades garantizadas.
Hemos de afrontar así una situación en la que las dificultades actuales se ven considerablemente agravadas por la magnitud de los problemas anteriores ahora patentes; una situación también en la que el adverso contexto internacional condiciona estrechamente el marco real de posibilidades para superar la crisis.

En estas circunstancias, constituye una tentación enunciar programas cargados de promesas de imposible cumplimiento: rápidas soluciones al problema del paro, una pronta eliminación de la inflación y sencillas reestructuraciones industriales. Un planteamiento responsable no puede caer en esa tentación primero porque un Gobierno no puede generar en la sociedad expectativas que no se pueden satisfacer, y segundo, porque es preciso apelar a esfuerzos todavía importantes que la sociedad española ha de realizar para remontar los problemas actuales.

Nadie va a regalarnos el futuro. Tendremos que conquistarlo con un esfuerzo solidario de todos los españoles, encauzado por una política ambiciosa pero realista.

Esa política económica ambiciosa y realista a la vez ha de elaborarse con una dimensión temporal a medio plazo; porque la inflación sólo puede reducirse desde sus altos niveles actuales hasta los vigentes en la mayoría de los países industriales, mediante un esfuerzo continuado y persistente; porque la creación de los cientos de miles de puestos de trabajo necesarios para situarnos en un nivel mejor de empleo debe plantearse mediante un esfuerzo constante para que sea un proceso firme y sin retroceso, y finalmente porque los problemas de reestructuración exigen tiempo para que puedan resolverse sin graves traumas. Esa programación a medio plazo ha de estar inspirada, al mismo tiempo en el objetivo de facilitar el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, tema al que el Gobierno prestará una atención prioritaria.

El ingreso en la CEE habrá de significar la modernización definitiva de la economía española. Nuestra adhesión a la Comunidad supondrá, sin duda, unas negociaciones difíciles en las que el Gobierno tratará de combinar adecuadamente los intereses de todos los grupos y sectores sociales.

Durante los próximos cuatro años, la política económica habrá de dar una respuesta duradera a las grandes cuestiones que tiene planteadas la economía española en la perspectiva del ingreso de España en la CEE.

Nuestro programa tiene como preocupación fundamental conseguir que se incremente progresivamente el nivel de empleo durante los cuatro años venideros. Ello exige una política en varias direcciones:
Reducir la inflación a tasas compatibles con un crecimiento elevado y estable.
Eliminar las trabas que obstaculizan la eficacia del sistema.
Corregir las injusticias, contradicciones y anacronismos en el sistema económico-social.
Apoyar decididamente el desarrollo de las regiones en las que el paro estructural tiene mayor incidencia.
Reformar los sectores económicos afectados más gravemente por la crisis y potenciar otros estratégicamente necesarios.

Revitalización del ahorro y fomento de la inversión.
No hay que ocultar la magnitud del esfuerzo que es preciso realizar y que se deberá hacer frente a las demandas de empleo derivados de: 1, el crecimiento de la población activa; 2, el trasvase previsible de población activa agrícola a otros sectores productivos, y 3, la reducción gradual del actual nivel de desempleo.

Para conseguir mejorar el nivel de empleo, la acción del Gobierno se orientará a los siguientes objetivos básicos:
Crecimiento sostenido de la economía española a un ritmo lo más cercano posible a su tasa potencial de expansión. Este crecimiento, apoyado en la inversión y en las exportaciones, será el motor fundamental de la creación de puestos de trabajo y su consecución atraviesa por el logro de un entendimiento básico entre las distintas fuerzas sociales.
Reducción paulatina de la edad de jubilación -una de las más elevadas de Europa-que permitirá, por un lado, un tratamiento justo que asegure una dignidad en la pensión de jubilación a los sectores de población que han dedicado su vida activa a la sociedad y, por otra parte, un mayor nivel de ocupación de las nuevas generaciones.
Esfuerzo de escolarización de los jóvenes entre los catorce y los dieciséis años de edad, orientado especialmente hacia la formación profesional. De esta manera se obtendrá una mejor adecuación, tanto cualitativa como cuantitativa, de la oferta de trabajo a las demandas cambiantes de un sistema productivo en plena transformación.

En el campo del empleo, el Gobierno se propone actuar específicamente, a través, entre otras, de las siguientes acciones:
Potenciación de la inversión privada creadora de puestos de trabajo especialmente a través de la pequeña y mediana empresa mediante una política monetaria y financiera adecuada y prioridad a la inversión pública dentro de los gastos del Estado.
Realización de programas de empleo específicamente destinados a favorecer la colocación de los trabajadores en paro y de los jóvenes que acceden por primera vez al trabajo e iniciación de nuevas formas de contratación de trabajo a tiempo parcial.
Estas medidas de fomento de la creación de puestos de trabajo irán, además, acompañadas de un conjunto de actuaciones encaminadas a atenuar las consecuencias sociales del desempleo. Se procederá a una nueva regulación del seguro de desempleo con arreglo a los siguientes principios:
Mantenimiento de la prestación del seguro de desempleo más allá del tiempo inicialmente establecido en aquellas situaciones en que se justifique socialmente.
Perfeccionamiento de los mecanismos de asignación de fondos para el desempleo temporal agrícola.
Mejor coordinación y control de las prestaciones de desempleo a través del Instituto Nacional de Empleo.
Proporcionalidad entre el tiempo trabajado y la recepción del subsidio.
Lucha contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo.
Es preciso insistir que el elemento básico de una política económica que mejore el nivel de empleo consiste en acercar el crecimiento real de la economía española a su tasa potencial, para lo cual es necesario garantizar el respeto de los grandes equilibrios, tanto interno como externo, de la economía. De no ser así, los desequilibrios inducidos (inflación y balanza de pagos) anularían muy pronto los progresos realizados y arrancarían a la postre la esperanza de transformar nuestro país en una democracia progresiva y moderna.
Esta política deberá instrumentarse mediante una política presupuestaria que allegue los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades sociales que acompañan al crecimiento y mejore sustancialmente la calidad del gasto y, por su parte, la política monetaria deberá velar constantemente por el respeto de los grandes equilibrios, en particular el equilibrio interno de la economía, asegurando al mismo tiempo que la instrumentación cotidiana de la misma no introduzca bruscas modificaciones en las expectativas de los diferentes agentes económicos.

La consecución de los objetivos de política económica a medio plazo y la resolución de los problemas básicos que hoy día tiene planteados la economía española no pueden concebirse sin el acompañamiento de una política de reformas que prolongue las actualmente emprendidas e inicie algunas otras tan apremiantes como necesarias.

Con independencia de recordar que en el programa electoral de UCD figura detallado el conjunto de reformas que en los distintos sectores del orden social y económico se piensan adoptar, voy a hacer referencia a alguna de las más significativas.

En el campo fiscal se concluirá la reforma, manteniéndose los proyectos de ley actualmente presentados en las Cortes y, en especial, los relativos a los impuestos indirectos, con la finalidad de reducir las tarifas del Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de sustituir la diversidad actual de impuestos indirectos por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Las tarifas del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán permitir el traslado hacia este impuesto de una parte de los costes que hoy comporta la Seguridad Social para las empresas y que frenan la creación de puestos de trabajo.

Continuará la lucha contra el fraude fiscal y la transformación de la Administración Tributaria, que han ofrecido resultados positivos en 1978. Asimismo se regulará el régimen financiero de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, basándose en los principios de solidaridad, justicia, suficiencia y flexibilidad.

En lo que se refiere a las relaciones laborales, se adoptarán las medidas legislativas necesarias para homologar nuestro sistema con el que hoy prevalece en los países de la CEE, especialmente con el de aquellos que han demostrado un mayor grado de eficacia y conseguido un mayor bienestar social. Se tramitará por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de Negociación colectiva, que el Gobierno ha depositado en las Cortes. Asimismo, en cumplimiento del mandato constitucional, el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule el ejercicio del derecho de huelga y las situaciones de conflicto colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.

Las empresas públicas deberán mejorar sustancialmente su gestión, que deberá llevarse a cabo con mayor eficacia y transparencia. El Gobierno continuará su política de contención de los déficit en estas empresas, exigiendo austeridad y racionalidad en su gestión y profesionalidad en su gerencia.

También deberán proseguirse las acciones emprendidas en el ámbito de la reforma del sistema financiero, con objeto de lograr un mejor equilibrio entre el ahorro y la inversión.

El sistema bancario privado funcionará en un marco de libertad y competencia, pero el Gobierno mantendrá el principio de igualdad de oportunidades de acceso al crédito, reforzando este principio mediante el control de la actuación de las Cajas de Ahorro y mediante el eficaz funcionamiento de un crédito oficial que confiera mayor prioridad a las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Se realizarán también las reformas necesarias del sistema financiero para aumentar la importancia de la financiación a medio y largo plazo. Asimismo el Gobierno pondrá en práctica las necesarias medidas para perfeccionar la operatividad y transparencia del mercado de valores y reforzar la seguridad y garantías de los accionistas.

En materia de Seguridad Social la acción del Gobierno se centrará en tres vertientes:
Primera. Riguroso control y transparencia de los Presupuestos de la Seguridad Social con asunción gradual por los Presupuestos del Estado de un mayor porcentaje de la carga financiera que comporta la misma, hasta asumir un 20 por ciento en 1983.
Segunda. Promover la participación de los beneficiarios en el control y vigilancia de las entidades que componen el sistema de la Seguridad Social, especialmente a través de los sindicatos y organizaciones de empresarios.
Tercera. Mejorar la eficiencia de la Seguridad Social, introduciendo criterios de descentralización, potenciación de la medicina preventiva, mejora de la calidad de los servicios hospitalarios y acercamiento de la Sanidad a los beneficiarios, tanto en el mundo rural como en los barrios de las ciudades.

En los próximos años deberá acometerse el proceso de reconversión industrial, iniciado con objeto de aproximar la creación de bienes y servicios a la demanda, tanto interna como externa. Este proceso deberá considerarse en la perspectivas del gran reto que representa para nuestra industria la integración en la Comunidad Económica Europea. Las acciones que se emprendan deberán contemplar las situaciones específicas de cada sector, otorgándose prioridad a la de aquellos que han sufrido modificaciones irreversibles en su capacidad productiva por la incidencia de la crisis. Las medidas que se adopten deberán situarse en un marco de concertación con las fuerzas sociales afectadas.

En relación con el sector energético, que constituye uno de los puntos más vulnerables de nuestro sistema económico, y con independencia de acelerar el debate y la aprobación del Plan Energético Nacional, las actuaciones en los próximos años irán encaminadas a conseguir un mayor grado de autonomía e independencia de nuestro país en este campo. Así, pues, éstas se encaminarán a la máxima puesta en valor de nuestra potencialidad hidráulica, a una explotación adecuada de los recursos carboníferos nacionales, a un empleo racional de la energía nuclear y la consiguiente reducción de la dependencia del petróleo, para así disminuir los riesgos de eventuales crisis en el futuro. También se promoverá un fuerte desarrollo de la investigación energética y de forma especial los proyectos relativos a la energía solar.

En los próximos años nuestra agricultura deberá hacer frente al desafío que representa la integración en la Comunidad Económica Europea, y de su respuesta dependerá en buena medida el futuro económico del país. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para:
Dotar a la población agraria de un nivel de renta creciente y de un «status» social justo, reduciendo las desigualdades entre sectores y regiones.
Dotar al medio rural de servicios de sanidad, educación, vías de comunicación, transportes, electrificación rural y, en general, equiparar servicios entre las comunidades rurales y las urbanas.
Estabilizar la población joven en el campo, facilitando el acceso a la propiedad de los jóvenes agricultores, apoyando tanto las explotaciones familiares agrarias como las cooperativas o sociedades agrarias de transformación.
Conseguir unas explotaciones rentables y una mejora en los circuitos de comercialización.

Se adoptarán las medidas para aplicar la política de vivienda aprobada en diciembre del pasado año, con objeto de que alcance unos niveles de construcción del orden de 300.000 viviendas anuales.
Esta política se complementará con una serie de actuaciones de carácter urbanístico y fiscal que movilicen la oferta de suelo y recuperen para la colectividad las plusvalías que correspondan.

En el avance hacia el futuro que suponen los próximos años no podemos descuidar por más tiempo la investigación científica y técnica. En el terreno de las actitudes básicas nuestra sociedad ha proporcionado pruebas constantes de su apertura hacia la innovación, si bien durante muchos años hemos vivido de espaldas al progreso en la ingeniería y en las ciencias. Ello nos ha conducido a la utilización de tecnologías desarrolladas en otros países y acomodadas a otras necesidades. Sin un esfuerzo de investigación para desarrollar nuestros recursos, para encontrar y aplicar soluciones más acordes con nuestros problemas, nuestro futuro será mucho menos brillante de lo que hubiera podido ser y sin duda mucho más dependiente de tecnologías ajenas. El esfuerzo en este terreno nos colocará en una posición privilegiada, puesto que las tecnologías de los países más desarrollados son cada vez menos aplicables en los países en vías de desarrollo y la demanda de técnicas intermedias en el mundo será muy fuerte en los próximos años.

Los próximos cuatro años van a ser decisivos para la economía de nuestro país. Superado el impacto inicial de la crisis económica mundial y la fase de transición política, nuestra sociedad deberá acometer con energía la tarea de consolidar su posición entre las principales naciones industriales del mundo. Ello implicará cambios importantes en el comportamiento de los agentes económicos, que deberán concebir sus estrategias en un marco que con frecuencia superará el de nuestras fronteras. En un mundo incierto, nuestra gran oportunidad consiste en afianzar todos aquellos mecanismos que faciliten nuestra adaptación al cambio. Debemos incrementar la movilidad social, favoreciendo las iniciativas individuales y la asunción de riesgos, pues entiendo que, en el marco de la economía de mercado, definido por la Constitución, un empresario dinámico y progresivo es la mejor garantía para que la sociedad alcance cotas cada vez más altas de bienestar social y progreso. El Estado debe organizar un sistema eficaz que permita proteger a quienes sufren las consecuencias del cambio. Una sociedad en movimiento necesita asegurar constantemente un puente entre la innovación y la tradición, entre el futuro y el pasado. En el ámbito económico, la prosecución del proceso de reformas es la principal garantía de que nuestra sociedad avanzará con ilusión hacia el futuro haciendo compatibles mayores grados de libertad y seguridad para todos los ciudadanos.
En la configuración de un orden social tienen también gran importancia aquellos aspectos que afectan decisivamente al desarrollo de la persona. Entre ellos se encuentra, como algo anterior al Estado mismo, la institución familiar. En efecto, los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones de la familia podrán ser reconocidos y armonizados por el Estado, pero de ninguna manera encuentran su fundamento primero y excluyente en la organización estatal. Se trata básicamente de poner en juego los modos concretos mediante los cuales la familia pueda afrontar con éxito los profundos cambios en que, con ritmo cada vez más acelerado, tiene que moverse. En este punto, lo más adecuado es acertar a dar respuesta a las preguntas claves que una sociedad en cambio suscita. Pretendemos, pues, adecuar la regulación jurídica de esos derechos y obligaciones familiares a las exigencias del tiempo presente.

El Gobierno realizará bajo esta óptica una reforma en profundidad del derecho de familia vigente para adaptarlo a la realidad social de la familia española de nuestros días. Por otra parte, el Gobierno, en cumplimiento del programa con el que UCD concurrió a las elecciones, adoptará un conjunto de medidas destinadas a la protección económica y social de la familia como ámbito natural inmediato del desarrollo de la persona humana y de sus valores básicos. Se llevará a cabo una reforma del régimen de ayuda familiar con un plan gradual que coordine y racionalice la multitud dispersa de disposiciones y de sistemas de ayuda actualmente existente, elevando las prestaciones de forma especial en los casos en que ello sea vital.

En la esfera educativa partimos del principio de que toda la sociedad ha de estar comprometida en el proceso educativo, que la enseñanza es un servicio básico a la comunidad en el que todos tienen el derecho y el deber de participar y que la elevación del nivel cultural de los españoles constituye objetivo fundamental para la construcción de una sociedad de hombres realmente libres.
De conformidad con tales principios, los objetivos de nuestro programa, en síntesis. son los siguientes:
Hacer efectivo el principio constitucional de que todos tienen derecho a la educación. Ello se traduce en una política tendente a: tender a la plena escolarización hasta los dieciséis años de edad en condiciones de garantizar una enseñanza de calidad; lograr la gratuidad efectiva de la enseñanza general básica; sentar las bases para extender la edad de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años; garantizar que sean los méritos, aptitudes y vocación y no la situación económica familiar de los escolares los criterios básicos para el acceso a los restantes niveles educativos mediante una política de expansión de becas y de mayor control en su concesión y aplicación.
Defender la libertad de enseñanza concebida en un doble plano: por una parte, como reconocimiento a los grupos sociales y entidades privadas del derecho al libre establecimiento de centros docentes, libertad enmarcada en el respeto a los principios democráticos y en control de los resultados académicos que ha de ejercer la Administración pública. De otro lado, el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos.
Desde otra perspectiva, defendemos un modelo de centro educativo como el que rige en los países democráticos occidentales, es decir, participativo y concebido como una comunidad integrada por profesores, alumnos y padres, en la que a cada uno corresponda su papel específico y en la que la responsabilidad debe estar compartida.
El Gobierno prestará especial atención a la formación del profesorado como factor esencial en el sistema educativo y le conferirá en todo momento una atención prioritaria procurando por todos los medios la significación profesional, social y económica que reclama la justa apreciación de su cometido en beneficio de la sociedad.
El Gobierno, asimismo, tomará medidas concretas para intensificar la educación permanente como medio de realización personal y profesional, así como la educación especial, fijándose como objetivo una mayor escolarización de los niños deficientes en edad escolar.
Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución, el Gobierno remitirá las normas legales precisas para configurar la autonomía de la Universidad.

En el ámbito de la cultura entendemos que debe ser concebida como el campo de la creación, el saber y la expresión. Consecuentemente, la política cultural consiste en el fomento de la comunicación cultural en libertad. El Gobierno se propone luchar por abolir el elitismo y el paternalismo cultural y propiciar una auténtica cultura popular que sirva como cauce para la creatividad de la persona, como instrumento de solidaridad social y como vehículo de promoción de la inteligencia y de la información.
Ni que decir tiene que en todo lo que afecta a la cultura, como en lo que se refiere a los demás aspectos a los que he aludido en este discurso programático, el Gobierno asumirá plenamente los objetivos y propósitos expresados en el programa electoral de UCD.
El artículo 1º de la Constitución instaura un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y a partir de esta proclamación todo el texto constitucional es en gran medida, en sí mismo, un verdadero programa legislativo destinado a transformar de raíz no sólo la mayor parte de las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, sino sus fundamentos mismos.

No pretendo ahora hacer una exhaustiva enumeración del conjunto de leyes orgánicas y ordinarias que la puesta en práctica de la Constitución exige. Me parece más pertinente proyectar la necesaria reflexión sobre el Estado de Derecho haciendo especial alusión a aquellos proyectos legislativos que han de regular sus instituciones y órganos básicos y exponiendo los principios y criterios fundamentales en que han de inspirarse.

El orden democrático se organiza institucionalmente en Estado de Derecho, forma política que realiza en sí dinámicamente un conjunto de valores irrenunciables que son patrimonio común de las sociedades libres. Y no hay orden democrático, es decir, no hay libertad sin instituciones políticas representativas y organizadas que encaucen el pluralismo. Racionalmente, y de hecho, la democracia está en su origen indisolublemente ligada a la idea de libertad. Nuestra Constitución la recoge en toda su amplitud, tal como se ha ido perfilando en el transcurso de la evolución histórica. Como libertad-autonomía, en primer término, que se traduce por la ausencia de coacción en la esfera más íntima de la persona por respeto a la dignidad; como libertad-participación, después, consistente en asociar a los gobernados el ejercicio de las diversas manifestaciones del poder para impedir a éste que imponga medidas arbitrarias; y también, finalmente, como libertad-liberación mediante la remoción de obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y el hombre pueda desarrollar libre y plenamente su personalidad sin las cortapisas que se desprenden de una situación limitada por carencias de orden material. Por ello, hoy el Estado de Derecho no es sólo la expresión institucional de un sistema político destinado a garantizar a los individuos el goce de las libertades que poseen, sino también una forma de organización del poder dirigida a asegurarles el ejercicio de las libertades que aún no poseen.

Todas estas dimensiones o perspectivas del binomio democracia-libertad están consagradas en el texto constitucional.

De acuerdo con esta inspiración, el Gobierno se adelantó en su día a remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona, que fue aprobado el pasado 26 de diciembre de 1978. El ámbito de protección inicial se extendía a las libertades de expresión, reuniones y asociación, a la libertad y secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la protección frente a las detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden público.

Esta esfera de protección se amplió posteriormente, en febrero del presente año, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, a la libre circulación por el territorio nacional, a la libre entrada y salida de España en los términos establecidos por la ley, a la libertad de cátedra y a la libertad sindical.

Por consiguiente, las garantías a que se refiere el apartado 2º del artículo 53 de la Constitución están provisionalmente establecidas y queda pendiente de elaboración definitiva el procedimiento a que se refiere dicho precepto, mediante un proyecto de ley de próxima remisión a esta Cámara que deberá coordinarse con las reformas de las leyes procesales a fin de lograr una justicia más rápida y eficaz.
La actividad protectora de los derechos fundamentales quedará completada desde otra perspectiva mediante la regulación legal del Defensor del Pueblo, que, como alto comisionado de las Cortes Generales, podrá supervisar la actividad. de la Administración pública y podrá dar cuenta al poder legislativo de los posibles abusos que en el ejercicio de su alta misión pueda llegar a detectar.

Asimismo, el Gobierno remitirá a la Cámara los siguientes proyectos de ley:
El de libertad religiosa.
El Estatuto de la Radiotelevisión de titularidad estatal para garantizar el acceso a estos medios de comunicación social de los Grupos sociales y políticos más significativos y su control parlamentario.
Para asegurar la autenticidad del régimen de libertades que la Constitución establece y para respaldar el orden de convivencia, el Gobierno presentará también proyectos de ley sobre el poder judicial y el Ministerio fiscal, así como el Tribunal Constitucional.
En el marco de una concepción de la justicia como poder del Estado es preciso, además de elaborar las leyes previstas en la Constitución, llevar a cabo una modernización y puesta a punto de la actual organización judicial, el Gobierno, en consecuencia, se propone:
Remitir una Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice la realización efectiva de los principios constitucionales de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sujeción al imperio de la ley.
Remitir el proyecto de ley regulador del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concebido como órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y de velar por la independencia de los Tribunales.
Modificar en profundidad las leyes procesales, civiles y penales con objeto de conseguir mayor simplicidad y menor formalismo en las actuaciones judiciales y una justicia más rápida, menos costosa y accesible a todos los que necesitan de ella.
Establecer una nueva organización del personal al servicio del poder judicial, según criterios de racionalidad y eficacia; una distribución legal de funciones y competencias entre los diversos cuerpos y órganos más acorde con la realidad y con las necesidades actuales, una mayor exigencia de dedicación y responsabilidad con absoluta transparencia en el ejercicio de la función y un nivel de retribución adecuado a esa exigencia y a la dignidad de la propia función.
Poner en marcha un Plan general de instalaciones y medios materiales de la Administración de Justicia.
Pero la garantía suprema del régimen de libertades y del esquema de valores que la Constitución consagra, encarna y se actualiza en el Tribunal Constitucional, que está llamado a desempeñar -y así lo asumimos- un papel primordial en la configuración y funcionamiento de todo el sistema democrático.
El Gobierno remitirá por ello en breve plazo a esta Cámara el proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional para garantizar ampliamente el control de la constitucionalidad de las leyes, el amparo de los derechos y libertades fundamentales y la solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
La Ley Orgánica que lo regule asegurará su independencia de los demás órganos constitucionales y su sola sumisión a la Constitución.
Por último, y desde otra perspectiva, el Gobierno, para proteger el orden de libre convivencia, enviará al Congreso de los Diputados un proyecto de Código Penal que exprese y respalde la necesaria reprobación social de todas aquellas conductas que vulneren o ignoren los valores de la persona y las exigencias mismas de la convivencia. El nuevo Código Penal garantizará el principio del efectivo cumplimiento de las penas terminando con la disolvente disociación entre penas nominales -las impuestas- y penas reales -las cumplidas-, todo ello sin perjuicio de un progresivo y moderno sistema penitenciario articulado a través de una Ley General Penitenciaria, capaz de ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y orientado a una eficaz preparación del recluso para la ulterior vida en libertad.

El poder ejecutivo, en su doble aspecto de Gobierno y Administración pública, habrá de ser, asimismo, objeto de una regulación específica que desarrolle y complemente los preceptos constitucionales.

En lo que afecta al Gobierno en sentido estricto, se remitirán al Congreso de los Diputados las normas legislativas reguladoras de su régimen jurídico, así como del Estatuto e incompatibilidades de sus miembros. La figura del Secretario de Estado, que adquirirá carta de naturaleza como miembro del Gobierno, será claramente perfilada para que pueda desplegar todas sus virtualidades políticas y funcionales.

El Gobierno presentará, asimismo, el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado que regule su composición y competencia como supremo órgano consultivo del Gobierno.

En lo que se refiere a la Administración pública será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes:
Primero. Actualizar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Segundo. Reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos, así como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten y el principio de publicidad de los archivos y registros administrativos, salvo los supuestos excluidos por la propia Constitución.
Y tercero. Regular la función pública mediante un Estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades a que han de quedar sujetos, su plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe con la existencia de una auténtica carrera administrativa.

En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración Pública, que se impone no sólo por virtud de mandato constitucional, sino también por la necesidad de articular la Administración Pública, que demanda un Estado moderno, una Administración Pública en la que los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean bienintencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos indirectos o por el anquilosamiento de la rutina.
Por último, la Administración Pública Local, en sus esferas provincial y municipal, sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la vida local que la Constitución garantiza, exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que le es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración Central o desde las futuras Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos de Autonomía habrá de dedicarse particular atención también a la vida pública local no sólo para evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino, por el contrario, para potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad.

Sería excesivamente prolijo proceder a enumerar todas y cada una de las leyes de desarrollo que la Constitución prevé para hacer efectiva su propia aplicación. Querría, no obstante, referirme, fundamentalmente, a una de ellas que por su significación en un Estado de Derecho es preciso abordar: un proyecto de Ley Orgánica que articule los estados de alarma, de excepción y de sitio concebidos para hacer frente a situaciones extraordinarias en defensa del orden constitucional mismo. El Estado de Derecho es en realidad un Estado totalmente normativizado. De ahí que el Estado de Derecho lleve en su propia dialéctica la necesidad de un derecho excepcional, es decir, de prever la excepción y de normativizar la excepción misma.

Así lo hace nuestra Constitución, cuyo artículo116 establece los postulados básicos de unas medidas excepcionales que la citada Ley Orgánica habrá de desarrollar dentro de los principios del imperio de la ley y de la delimitación de competencias que caracterizan al Estado de Derecho.

El gran reto que nuestra Constitución plantea es el de institucionalizar políticamente la diversidad real de España mediante una distribución territorial del poder estatal. El programa electoral que Unión de Centro Democrático presentó en las pasadas elecciones asumía una política de autonomías inspirada en los siguientes criterios sintéticamente formulados:

La articulación jurídica y política del reconocimiento de las singularidades de los distintos pueblos de España en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.

El acercamiento de la Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento de los costes de la gestión administrativa.
La desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano.
La participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los niveles.
Al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional del sistema autonómico previsto en la Constitución contribuiría a alcanzar los siguientes objetivos: A) Fortalecer la unidad profunda e irreversible de la Nación española; B) Mejorar los niveles de integración social; C), Fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización política y administrativa, y D) Enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos.
Y en este plano, concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios ni reticencias desde el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales.
Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema; problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces se ha abierto en España un período de libertad.
Resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado español exige un previo análisis en profundidad. No es éste, quizá, el momento para ello. Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados básicos: en primer término que España, como realidad histórica y presente, es una Nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta realidad, asumir a España como realmente es constituye el primer elemento de un planteamiento adecuado. Y en segundo lugar, que el Estado centralista experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido un doble proceso de centralización. De una parte, la centralización inherente a la formación del moderno Estado industrial e intervencionista. De otro lado, la centralización exigida por la prolongada vigencia de un sistema político de concentración de poder. La coincidencia temporal, en nuestro país, de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia de un aparato estatal desconectado de la auténtica realidad española, escasamente funcional, excesivamente rígida e incapaz de atender adecuadamente las demandas sociales.

Tratamos de afrontar, pues, simultáneamente, un problema histórico, un problema político y un problema funcional a los que no cabe encontrar soluciones mágicas ni de eficacia resolutoria inmediata. En la Constitución hemos marcado el punto de partida de un largo camino y hemos trazado un esquema viable dentro del cual habremos de movernos.

Que nadie vea en esta comprensión del problema una intención solapada de frenar un proceso de transformación de la institución estatal que es ya necesariamente irreversible. Pero sí nos permitimos hacer una llamada a la responsabilidad y al rigor a la hora de adoptar posiciones ante tan delicada cuestión. La prudencia y el realismo son normas de comportamiento exigibles a todos cuando está en juego la propia viabilidad de la Constitución aprobada por el pueblo español y en la que se abre un horizonte de esperanza que no podemos frustrar.

Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden de cosas se inspirará en los siguientes criterios:
Respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado, en su caso, por el Tribunal Constitucional.
Aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de inmediato de los estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de desarrollo y aplicación de la Constitución.
Permítanme, Señorías, que incluya en este punto de mi intervención un breve, pero sentido mensaje de esperanza para el pueblo vasco. Queremos y esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de pacificación del País Vasco, y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de sus problemas. Y nos vamos a atener a este propósito con ánimo de concordia, porque es necesario en verdad superar ciento cincuenta años de inadecuada comprensión de la realidad vascongada, Es preciso, a tal fin, que sepamos mirar hacia el futuro, esforzarnos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la irrenunciable unidad de España, y en el marco de la Constitución, cabe encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos.
Gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del proceso autonómico y, en especial, en la transferencia de competencias mediante leyes orgánicas sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales.

Y permitidme ahora unas breves consideraciones sobre este último punto. Porque si hay algo que habrá de singularizar nuestra acción de gobierno en los próximos años será una especial dedicación a las áreas deprimidas de nuestro país. Por eso queremos dejar bien claro, desde este mismo momento, que concebimos también el proceso autonómico como medio para conseguir una mejor distribución de la renta nacional, como instrumento para alcanzar un equilibrio territorial más adecuado y como uno de los caminos para corregir las insuficiencias distributivas e inversoras del sistema económico y frenar el excesivo trasvase de rentas que hoy se realiza, por puras razones de rentabilidad, desde las regiones subdesarrolladas hacia los ámbitos industrializados.

Para nosotros, el valor de la solidaridad, al que repetidamente alude la Constitución, no es una mera palabra vacía de contenido, una concesión a la retórica. Por eso utilizaremos con decisión todos los mecanismos constitucionales y todos los medios técnicos y económicos que la situación permita para proporcionar a las regiones más deprimidas posibilidades de superar el atraso económico y cultural en que se encuentran sumidas. Por eso, también nos oponemos con igual decisión a cualquier intento de perpetuar o agudizar las diferencias económicas que hoy injustamente separan a los distintos pueblos de España.

En este orden de cosas, asumimos como propósitos concretos, que trasciendan el mero alcance institucional del proceso autonómico, los siguientes:
La formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más deprimidas de nuestro país.
La regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública -en especial la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter local- como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra.
La adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de financiación previstas en el artículo 157 de la Constitución.
La inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158, 2, de la Constitución, con vistas a corregir los desequilibrios económicos interregionales y a hacer efectivo el principio de solidaridad entre todos los españoles.
Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve también a este propósito de justicia y de solidaridad, o habremos frustrado una oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de españoles, con el riesgo, nada despreciable, de perjudicar gravemente la estabilidad del propio sistema democrático.

Al comienzo de mi intervención me permití hacer una llamada a la necesaria clarificación de la vida pública española en el horizonte de los años venideros. Entiendo que la formulación de este extenso programa, junto a la concreción de otros objetivos y medidas más específicos insertos en nuestro programa electoral, enmarcan una compleja y extensa acción de gobierno durante la próxima Legislatura. Pero creo también que con ello contribuimos decisivamente a ese propósito de clarificación. Tanto el punto de partida como el de llegada quedan así fijados y delimitados. Desde la Constitución, y a través de la Constitución, perfilaremos un Estado de Derecho y una sociedad democrática y pluralista de tipo occidental, al tiempo que haremos frente con toda decisión al conjunto de problemas que hoy singularizan la situación de nuestro país.

El artículo 9º de la Constitución nos traza una línea de acción que abre, si el acierto preside nuestra política, esperanzadoras perspectivas de futuro, Confiere este precepto a los poderes públicos la atribución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales; de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Podría decirse que tal declaración constitucional, formulada al tiempo que se afirma la vigencia de la economía social de mercado, sienta las bases para la consecución de una democracia social avanzada que, como la democracia política clásica, reposa sobre los derechos del hombre, pero entendidos como exigencias sociales, económicas o culturales y cuyo contenido se fija en función de unas necesidades que deben ser atendidas para que la libertad sea real. El objetivo de la democracia social es justamente la libertad real, la libertad que libera a las personas de las ataduras artificiales de una convivencia social injustamente articulada. Tal objetivo no es, desde luego, monopolio de nadie y fue enunciado, entre otros, el 6 de enero de 1941 por el Presidente Roosevelt en el mensaje sobre las cuatro libertades, en el que fijó el ideal del mundo libre. Es una meta que, ciertamente, puede asumirse desde diversas perspectivas ideológicas y hacia la que cabe aproximarse teóricamente por caminos distintos. Nosotros pretendemos ir hacia ella, pretendemos avanzar hacia la libertad real desde y a través de la propia libertad, respetando así los fundamentos sobre los que se erigen las sociedades libres y pluralistas del mundo occidental.

Desde este planteamiento es posible edificar un Estado y construir una sociedad y siempre por el camino de la reforma como método que singulariza la acción de gobierno de los partidos centristas.

Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo; el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la Historia frente a los planteamientos antihistóricos

Y todo ello con el designio final de contribuir decididamente a la construcción de un orden social dinámico, progresivo y solidario que, por favorecer la libertad plena y real de los seres humanos contemplados en sus concretas circunstancias vitales, sumerja a España plenamente en el proceso de la Historia, entendida como historia de la libertad de los hombres.

Señoras y señores Diputados, señor Presidente, solicito la confianza de la Cámara».

Discurso de dimisión pronunciado el 29 de Enero de 1981

«Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla sabido asumir dignamente durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Hoy, sin embargo, la responsabilidad que siento me parece infinitamente mayor.

Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las que presento, irrevocablemente, mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.

No es una decisión fácil. Pero hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él.
He llegado al convencimiento de que hoy, y, en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia.

Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.

No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos.
Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí con la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios.

Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación.

Yo creo saberlo, tengo el convencimiento, de que esta es la situación en la que nos hallamos y, por eso, mi decisión es tan firme como meditada.

He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona, a lo largo de los últimos 150 años, ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España.

Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero, como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.

Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad.

De lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones; de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure en forma de partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país; de lealtad a la Corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos, por entender que sólo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me lo permiten, hacia mi propia obra.

Pero este profundo sentimiento de lealtad exige hoy también que se produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones.

Quizás los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de Gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de Gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución con que se trata de enfocar los problemas del país, no son un arma legítima porque, precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia.

Querría transmitirles mi sentimiento de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes y confiar en nosotros los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas y la legitimidad de los poderes públicos.

Yo por mi parte, les prometo que como diputado y como militante de mi partido seguiré entregado en cuerpo y alma a la defensa y divulgación del compromiso ético y del rearme moral que necesita la sociedad española.
Todos podemos servir a este objetivo desde nuestro trabajo y desde la confianza de que, si todos queremos, nadie podrá apartarnos de las metas que, como nación libre y desarrollada nos hemos trazado.

Se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos.

Por eso no me puedo permitir ninguna queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza, convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles durante algún tiempo, pero con la seguridad de que si no desfallecemos vamos a seguir adelante.

Algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir, con mi renuncia, a que este cambio sea realmente posible e inmediato.

Debemos hacer todo lo necesario para que se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantos. Y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es necesario que el pueblo español se agrupe en torno a las ideas básicas, a las instituciones y las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos públicos.

Los principales problemas de España tienen hoy el tratamiento adecuado para darles solución. En UCD hay hombres capaces de continuar la labor de Gobierno con eficacia, profesionalidad y sentido del Estado y para afrontar este cambio con toda normalidad. Les pido que les apoyen y que renueven en ellos su confianza para que cuenten con el necesario margen de tiempo para poder culminar la labor emprendida.

Deseo para España, y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias, un futuro de paz y bienestar. Esta ha sido la única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado.

Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación, abnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones. Que estaré siempre a su lado y que trataré, en la medida de mis fuerzas, de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo.

Muchas gracias a todos y por todo».

Discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1996

«Majestad,
Alteza Real,
Sr. Presidente de la Fundación,
Sr. Presidente del Principado,
Autoridades,
Sra. Ministra,
Señoras y Señores,

Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a S.M. la Reina, que nos honra con Su presencia, a S.A.R. el Príncipe de Asturias -que nos preside-, a la Fundación, al Jurado que ha tenido a bien otorgarme el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, a las personas y entidades que apoyaron mi nominación y a todos cuantos asisten a este acto.

Creo que se premia en mí la obra realizada por todo un pueblo: en definitiva, la forma y el talante con que se llevó a cabo la transición española a la democracia.

En esta empresa creo que participaron todos los españoles, empezando por S.M. el Rey D. Juan Carlos I que la propició y la amparó, y creo también que la responsabilidad de la tarea me corresponde y que el éxito es de todos los españoles.

Creo que la concordia entre los hombres y los pueblos, en el orden nacional y en el ámbito internacional, debe seguir siendo un ideal permanente de la humanidad. Su consecución -y lo estamos viendo desgraciadamente en nuestros días- es, sin embargo, difícil. Pero cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad.

Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad y creo que nada tiene que ver con ellos. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos.

La lucha política, la controversia, el debate, el disentimiento, el conflicto no constituyen una patología social. No son acontecimientos negativos. Al contrario, a mi juicio, reflejan la vitalidad de una sociedad.

En toda comunidad política existen siempre distintos estratos de opinión; las discrepancias son por tanto naturales, pero hay uno, a mi juicio el básico, el que se refiere a las razones últimas y esenciales que afectan a la raíz de la propia convivencia, en que creo es necesaria la coincidencia de todos y el consenso de la inmensa mayoría, y ese consenso es el cimiento de una sociedad perfectamente moderna.

Cuando ese consenso se destruye sobreviene la discordia y nuestro mundo ofrece dramáticos ejemplos de todo esto. Y así como la concordia es capaz de hacer crecer las cosas más pequeñas, la discordia es capaz de destruir las cosas más grandes.

Ese consenso se ciñe a muy pocas cosas y esenciales cuestiones. Tal vez solamente a una: la voluntad firme y profunda de convivir en libertad. Y eso más que una idea es a veces una «creencia», o al menos funciona como tal. Ortega señalaba que a las ideas las sostenemos nosotros pero que las «creencias» son las que nos sostienen a nosotros. Y desde ellas vivimos en común, es decir, convivimos.

La convivencia democrática se basa en «creencias». Por tanto, también creemos en los derechos humanos. Creemos en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad. Creemos en la democracia y en el Estado de derecho.

En España estas «creencias» se hicieron tangibles en la transición política. Hoy son la coincidencia básica que se fundamenta en el pacto que nos constituye como Estado social y democrático de derecho.

En la transición nos propusimos todos los españoles la reconciliación definitiva. Y quisimos acabar con el mito de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas. Pensamos que España o es obra común de todos los españoles, de todos los pueblos que la forman y de todos los ciudadanos que la integran, o simplemente no es España.

La transición fue, sobre todo, a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y compresión del «distinto», del «diferente», «del otro español», que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo sino mi complementario, el que completa mi propio «yo» como ciudadano y como español, y con el que tengo necesariamente que convivir porque sólo en esa convivencia él y yo podemos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias y realizar nuestras propias ideas. Creo que nadie, en política democrática posee la verdad absoluta. La verdad siempre implica una búsqueda esforzada que tenemos que llevar a cabo en común, desde el acuerdo de convivir y trabajar juntos. A esta convivencia libre y pacífica, a esa concordia, nos impulsa como necesidad no solamente el pasado histórico, sino el presente y el futuro. Esa concordia está fundada en realidades comunes económicas, sociales y políticas que, a mi juicio, son indiscutibles.

Todos los españoles teníamos que llegar -sin abdicar de nuestras propias ideas y creencias- a un acuerdo esencial, a un pacto fundamental de concordia que es necesario renovar cada día. Creo que así lo hicimos bajo el amparo de la Corona. Así creo que lo debemos seguir haciendo en torno a la Constitución y su cumplimiento y en torno a la Monarquía y a esa realidad común que se llama España. Ese acuerdo ha de reflejar lógicamente la necesidad que tenemos de afrontar juntos, en forma solidaria, el futuro, que a todos nos concierne y hasta la energía, la esperanza y el optimismo con que debemos hacerlo.

Creo que la piedra angular sobre la que, en nuestra transición, se asentó la democracia, consistió, precisamente, en la implantación política y vital de la concordia civil. Y eso debíamos conseguirlo desde el pluralismo que, realmente, se daba entre nosotros. Desde la tolerancia y desde la libertad.

El ánimo común para buscar la concordia y la consolidación de este pacto fundamental de convivencia política fue la que permitió la adopción de las decisiones esenciales de la transición: el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las amnistías que permitieron la vuelta de los exiliados de hacía casi cuarenta años, la celebración de las primeras elecciones generales libres, la construcción política del consenso, la elaboración y aprobación de los Pactos de la Moncloa y, por último, la aprobación y promulgación de nuestra vigente Constitución.

Alguien ha dicho que en la Transición conseguimos los españoles en doscientos días lo que no habíamos logrado en doscientos años: que en nuestras cárceles no hubiera un sólo preso político, que en el extranjero no hubiera un solo exiliado por sus ideas y que la ley fuera igual para todos los españoles.

Señoras y Señores,

En la transición trabajamos un grupo de personas con todo el pueblo español por la comprensión, la tolerancia, el diálogo y la concordia. Hemos intentado e intentamos desarraigar los viejos hábitos de la prepotencia, la intolerancia, el dogmatismo, la discordia y la insolidaridad. Ese fue -y sigue siendo- mi talante personal y político. En algún momento he llegado a pensar que yo fui víctima política de la práctica de la concordia. Pero si así fue, me enorgullezco de ello.

Alteza Real,

Si la concordia fue posible hace veinte años, pese a los obstáculos que a ella se oponían, creo que no podemos dudar de la capacidad de los españoles de hoy y del futuro que Vuestra Alteza representa.

Hemos demostrado nuestra aptitud para la convivencia en libertad. Hoy debemos consolidar nuestra voluntad de concordia. Hemos conseguido, desde ella, nuestra integración en la Unión Europea y en los más importantes foros internacionales. Hoy España está abierta al mundo y el mundo valora los esfuerzos realizados desde la transición.

Hoy, sobre todo, los españoles somos conscientes de que cualquier violación de los derechos humanos o de la dignidad de la persona, que se produzca en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo, constituye asimismo una violación que se hace a nuestros derechos y a nuestra dignidad personal. Y debemos actuar con la solidaridad debida y con la eficacia necesaria.

La España de hoy, con sus luces y sus sombras, apenas tiene que ver con las zozobras de la España de ayer. Somos un pueblo que ha superado muchísimos problemas en estos años, pero que debe seguir aprendiendo la gran lección de la concordia, de la convivencia en libertad y en justicia .

En el futuro yo creo que España podrá superar cuantas dificultades se le planteen y realizar su decisiva aportación a la concordia de las naciones. Y para ello creo que los españoles puede que sólo tengamos que hacer una cosa: cultivar, día a día, allí donde nos encontremos, la buena semilla de la concordia.

Muchas gracias».

Discursos de Adolfo Suárez