El término “identidad”, un abstracto concepto lógico y metafísico, ha recibido desde finales del siglo pasado una insospechada relevancia política y social. Expresión de las aspiraciones explícitas de grupos y personas, se ha convertido crecientemente en el eje de la discusión política, hasta el punto de que, en buena medida, las “políticas de la identidad” absorben cada vez más la política a secas.

La exigencia de que la acción política tenga como objetivo prioritario el reconocimiento de los derechos de las “identidades” diversas que conviven en un mismo espacio público es una constante de nuestra situación. A diferencia de los Estados Unidos, en España no es la diversidad de grupos étnicos (o potentes colectivos sociales, como los homosexuales) lo que ha puesto en circulación el uso político de la identidad, sino los nacionalismos regionales, que difieren entre sí infinitamente menos que cualquiera de los colectivos étnicos que conviven en Nueva York. España no es ni de lejos un país multicultural en el sentido en que habitualmente se maneja la palabra en sociología, y si ha comenzado a serlo lo ha sido muy recientemente a través de la inmigración latinoamericana, árabe y centroafricana.

Sin duda el desafío que presentan los nacionalismos es, desde hace años, el problema político más grave que tiene España, que ahora, en el caso catalán, adquiere proporciones inusitadas. Pero más allá del problema político y del evidente desbordamiento del marco jurídico que las pretensiones nacionalistas suponen, resulta llamativo lo poco que sale a la palestra pública el trasfondo ideológico, la base filosófica en la que se asientan sus exigencias. No se hace en tertulias y periódicos un examen sostenido de la argumentación nacionalista que no sea el repetitivo de las balanzas fiscales o el del encaje constitucional.

Se objetará que ante la voluntad decidida de una élite política, que ha logrado extender parcialmente su proyecto, la crítica de ideas y la discusión filosófica es pérdida de tiempo. Es una equivocación terrible, que viene de antiguo y cuyas consecuencias estamos ahora padeciendo: los hombres no se mueven, como muchos resabiados creen, por impulsos ciegos ni por sentimientos oscuros, necesitan de razones públicamente sostenibles, necesitan creerse lo que les mueve y eso exige un discurso inteligible y, por tanto, compartible por otros. Incluso el más crudo interés particular necesita vestirse con el ropaje de las razones intersubjetivas si quiere presentarse en la escena pública. Por eso es siempre tan decisiva la discusión de ideas…y tan lamentable su persistente ausencia en la vida pública española.

El uso nacionalista del concepto de identidad es uno de esos mecanismos ideológicos que merece ser críticamente examinado, pues suscita notorias perplejidades filosóficas. Identidad, desde un punto de vista lógico, es un concepto relacional que indica que una cosa se identifica con ella misma (A=A) o que es la misma en dos perspectivas diversas (“el lucero del alba y el lucero de la tarde son la misma estrella”).

Pero identidad, en su uso psicológico y social, significa algo muy distinto, el conjunto de rasgos que caracteriza a una persona y que la identifica y, por tanto, la distingue, frente a las demás. Se trata de un concepto muy próximo a la idea clásica de esencia: el conjunto de caracteres que definen lo que una cosa es. En un paso extraordinariamente cuestionable, los nacionalismos de todo orden atribuyen esa misma identidad a entidades abstractas como las naciones y, así, cualquiera de ellas es definida por un conjunto de rasgos (lengua, costumbres, hechos históricos significativos) que las identificaría y distinguiría de las demás.

El nacionalismo toma ciertas peculiaridades que todos los grupos humanos poseen, que a lo sumo denotan un estilo propio de vida y que carecen de significación política, y las convierte en una “identidad”. Pero esos rasgos sólo tienen originariamente un sentido folclórico y cultural, del que se han alimentado siempre las tradicionales rivalidades entre vecinos, tan presentes en los chistes de franceses, españoles, ingleses, etc. (o de catalanes, andaluces, vascos), y que llevaban a Schopenhauer a afirmar irónicamente que “todas las naciones se burlan de las demás y todas tienen razón”. Todo nacionalismo se inicia con esta operación fraudulenta de fijar caracteres antropológicos y culturales históricamente variables y de muy diverso rango en una “identidad” homogénea, cuya posesión debería otorgar a la comunidad que lo posee un DNI con el que presentarse en el “concierto de las naciones”.

La inconsistencia de dicha operación se acentúa cuando se examina el carácter histórico que el nacionalismo suele adscribir a esa identidad; para él, son siempre acontecimientos decisivos, estructuras políticas, sociales o costumbres más o menos consolidadas en el tiempo, los que definen la identidad. Pero el uso que hace de ella lo desmiente: selecciona determinados hechos, los congela en una mitificación suprahistórica y desprecia la evolución histórica ulterior que la comunidad haya podido sufrir.

El caso actual del nacionalismo catalán es paradigmático: la mitificación de 1714 y de determinados hechos de la historia catalana deja al margen, como si no hubiera existido, toda la trama de relaciones históricas establecidas por su integración en España durante tres siglos. Ese tiempo histórico no parece haber afectado a la identidad catalana. Lo que se ensalza en la identidad supuestamente histórica es precisamente su resistencia a las vicisitudes históricas, su capacidad de permanecer incólume pese a todas las transformaciones. En el fondo de esta predilección nacionalista por la historia lo que opera es la falacia de utilizar la historia como naturaleza. Es evidente que su idea de “identidad” es más una esencia, una naturaleza, que un concepto histórico.

Esa arbitraria fijación de los caracteres culturales de una comunidad no pasaría de ser una inocua selección de tipos antropológicos si no fuera una fase preliminar del movimiento verdaderamente decisivo: la conversión de la “identidad” cultural en categoría política. Este es el auténtico sentido del uso actual de “identidad”. Se trata de que esos caracteres étnicos y culturales, dado que son lo que identifica a esa comunidad y la distingue de las restantes que participan con ella en el mismo ámbito político, son esgrimidos como fundamento de determinados derechos propios y exclusivos. Surgen así los llamados derechos de la diferencia, por los que claman, paradójicamente, todos los que hacen del reconocimiento de las identidades el centro de la acción política. Pero se trata de una maniobra notoriamente falaz. La diferencia es una relación simétrica: si A es diferente de B, B es diferente de A. No se ve cómo podría fundarse en la diferencia de A con B un derecho exclusivo de A y no de B.

¿Cómo puede la diferencia fundar el derecho de uno de los términos y no del otro? Resulta demasiado patente que no es la relación de diferencia lo que soporta el pretendido derecho sino la identidad de uno de los términos, que es considerada implícitamente como de mayor rango, como sobresaliente respecto de los otros términos de la relación. Es una jerarquía de identidades lo que funda, hacia arriba o hacia abajo, por exceso o por defecto respecto de los demás, el pretendido derecho a la diferencia. Un inequívoco esencialismo de fondo es, de nuevo, lo que domina en esa exaltación de la diferencia como concepto político.

Dos al menos son las graves consecuencias políticas de la actual situación de aceptación, resignada o entusiasta, del discurso nacionalista. En primer lugar, bajo la presión de las exigencias de reconocimiento de las identidades, se está produciendo una transformación del espacio público de la política. Cada vez es menos lo que ya señalara Aristóteles, el lugar de discusión acerca de lo justo y lo conveniente, y cada vez se aproxima más a un mercado en que una pluralidad de identidades puja por obtener el máximo de ventajas para su producto. El espacio público, en vez de ser el ámbito en que se abandonan las particularidades para intentar situarse en el punto de vista de lo común, es ya de facto un espacio privado de transacción entre intereses particulares. Los tangibles beneficios que en España obtiene la política de la identidad fomentan el contagio y resulta desolador comprobar cómo organismos públicos, como partidos y sindicatos, incluso instancias del Estado, como la judicatura, adoptan comportamientos “identitarios” de defensa de sus particularidades.

En segundo lugar, hay un claro peligro de quiebra de la igualdad del simple ciudadano ante la ley. La condición de ciudadano de un Estado de Derecho moderno, a la que se adscriben sus servicios básicos, se obtiene precisamente haciendo abstracción de todas las circunstancias que lo particularizan como individuo humano concreto (familia, región, raza, religión, etc.). Se es sujeto de derechos precisamente como un cualquiera, como un “don Nadie”; por eso la justicia debe ser ciega y por eso la ley ha de ser igual para todos. Pero el resultado inevitable al que tiende la política nacionalista de la identidad es a introducir diferencias en ese nivel básico de la ciudadanía, haciendo que la identidad actúe como un filtro de la condición ciudadana, que establece condiciones y aporta beneficios en virtud de la pertenencia a ella.

En fin, no nos engañemos. El discurso político de la identidad ha ganado hoy la batalla y adopta los aires de ser el “horizonte insuperable de nuestro tiempo”, como hace sesenta años decía Sartre del marxismo. Pero precisamente por ello hay que someterlo a un constante análisis y no resignarse a que su predominio lo haga pasar por evidente.

 

Fuente | Ramón Rodríguez | El confidencial (9/2/2014)