La tradición del contrato social por WilI Kymlicka

 

Toda teoría moral debe responder a dos interrogantes: ¿qué exigencias nos impone la moralidad? y ¿por qué hemos de sentirnos obligados a obedecer esas exigencias? Gran parte del atractivo del enfoque del contrato social en ética es que parece proporcionar respuestas sencillas y conexas a estas dos cuestiones: las exigencias de la moralidad vienen fijadas por acuerdos que toman las personas para regular su interacción social, y debemos obedecer estas exigencias porque hemos convenido en ellas. ¿Hay algo más simple?

Sin embargo, la apariencia de simplicidad es engañosa, pues teorías diferentes ofrecen explicaciones muy divergentes del contenido y fuerza normativa del supuesto «acuerdo». La moralidad contractualista nos insta a unirnos a los demás para actuar de una manera que cada cual, junto a los demás, pueda defender de forma libre y racional como estándar moral común (Diggs, 1982, pág. 104).

Pero a menos que pongamos límites a lo que consideramos un acuerdo razonable y libre, casi cualquier teoría puede definirse como contractual, pues casi cualquier teoría pretende proporcionar un estándar moral común que la gente puede suscribir de manera razonable y libre. Defender una teoría es, en parte, intentar mostrar que sus exigencias son razonables y que las personas deberían aceptarlas libremente. Si tenemos que poner límites a la ética contractualista, tenemos que poner límites al tipo de razones a que podemos apelar al formular acuerdos y al tipo de condiciones en las cuales sc iorman éstos. Pero ¿qué tipo de razones y condiciones hacen de una teoría moral una teoría característicamente contractual? Voy a abordar esta cuestión históricamente, para ver dónde y por qué surgió una tradición contractual diferenciada.

 

1. El contexto histórico
Si bien el pensamiento contractual en ética se remonta a los griegos de la antigüedad, cuando por vez primera cobró relieve este enfoque fue durante la Ilustración. En los sistemas teleológicos y religiosos que dominaron el pensamiento preilustrado, se pensaba que las obligaciones derivaban de un orden natural o divino más amplio. Cada persona tiene un lugar o función en el mundo determinado por la naturaleza o por Dios, y sus deberes se siguen de ese lugar o función. La Ilustración, al poner en cuestión los diversos elementos de estos sistemas éticos anteriores animó a los filósofos a recurrir a las teorías del contrato social para llenar el vacío. Uno de los primeros elementos a socavar era la doctrina del derecho divino de los reyes. Incluso quienes aceptaban la institución de la realeza no podían ya aceptar que la persona particular que ocupaba el trono lo hiciese por designación divina. Los monarcas eran hombres y mujeres comunes que heredaban o usurpaban un cargo extraordinario. Pero si todos los hombres son iguales por naturaleza, ¿cómo legitimar que algunas personas manden sobre otras?

Las primeras teorías del contrato social se centraron en esta limitada cuestión: ¿qué explica nuestra obligación política hacia éstos hombres y mujeres extraordinarios? Y el meollo de su respuesta fue este: si bien no hay un deber natural o divino de obedecer a gobernantes particulares, podemos someternos a semejante deber prometiendo la obediencia, pues eso pone en juego nuestra obligación personal de mantener las promesas (una obligación personal que sencillamente se daba por supuesta como parte del derecho natural o del deber cristiano).

¿Por qué convendría la gente en ser gobernada? Dado que las relaciones políticas carecen de base natural, el estado natural de la humanidad es prepolítico. Por naturaleza, todas las personas son libres e iguales, por cuanto no existe una autoridad superior con poder de imponer su obediencia, o con la responsabilidad de proteger sus intereses. Sin embargo, este «estado de naturaleza» crea inseguridad (sin ningún gobierno, las normas sociales no son imponibles, y los transgresores no reciben el justo castigo). Por ello la gente convino en crear el gobierno, y en cederle determinados poderes, si los gobernantes accedían a utilizar estos poderes para garantizar la seguridad. De este modo, unas personas podían llegar a gobernar legítimamente a otras, a pesar de su igualdad natural, pues los gobernantes ostentaban su poder por confianza, para proteger los intereses de los gobernados. Así pues, para los teóricos clásicos del contrato la cuestión de la obligación política se responde determinando qué tipo de contrato convendrían los individuos del estado de naturaleza en relación a la institución de la autoridad política. Tan pronto conocemos los términos de ese contrato, conocemos lo que está obligado a hacer el gobierno, y lo que están los ciudadanos obligados a obedecer. Pero si bien los teóricos del contrato defendían la obligación política en términos de promesas contractuales, este enfoque estaba incorporado a una teoría moral más amplia de carácter no contractual. La idea de contrato social se utilizó para limitar a los gobernantes políticos, pero el contenido y fuerza justificatoria de este contrato se basa en una previa teoría de los derechos de la cual el deber de mantener las promesas (véase el artículo 13, «El derecho natural»).

Este tipo de contractualismo político se extinguió durante el siglo XIX. Su muerte fue inevitable, pues adolecía de dos extraordinarios fallos. En primer lugar, nunca existió semejante contrato, y sin un contrato real, ni los ciudadanos ni el gobierno están sujetos por promesas. En consecuencia, todos los gobiernos existentes, por buenos y justos que sean, carecen de legitimidad según la teoría del contrato social. Pero esto no es plausible. La legitimidad d del gobierno se determina (pensamos normalmente) por la justicia de sus acciones, y no por la naturaleza contractual de sus orígenes históricos. Los teóricos del contrato deseaban que su teoría avalase a los gobiernos justos (los gobernantes justos son aquéllos que mantienen sus promesas contractuales), pero la insistencia en un contrato real afecta por igual a los gobiernos justos como a los injustos. Quizás, si se les pidiese, las personas firmarían un contrato para obedecer a gobernantes justos, y en este caso podemos hablar de un «contrato hipotético» entre gobernantes y gobernados. Pero una promesa hipotética no es promesa alguna, pues nadie ha asumido una obligación. Estoy obligado a mantener mis promesas, pero no mis promesas hipotéticas. Así, la idea de contrato social parece o bien históricamente absurda si pretende identificar promesas reales, o bien moralmente irrelevante, si pretende identificar promesas puramente hipotéticas. E incluso si la creación original del gobierno se basó en el acuerdo, ¿qué objeto tiene vincular a generaciones futuras que sencillamente nacieron bajo un gobierno y automáticamente quedaron sujetas a sus leyes?

En segundo lugar, los teóricos del contrato afirman que debemos obedecer al gobierno porque debemos mantener nuestra palabra, pero como señaló Hume, éstos «se ven en apuros cuando preguntamos ¿por qué estamos obligados a mantener la palabra?» (Barker, 1960, pág. 229). Las mismas consideraciones que la gente pone en duda acerca del carácter natural de su obligación política de obedecer a los gobernantes pronto les llevaron a poner en duda el carácter natural de su obligación de mantener las promesas.

Por ello, la teoría del contrato social fue una suerte de respuesta expeditiva a la disolución de la ética preilustrada -simplemente sustituía un cuestionable deber natural por otro.

A pesar de estos puntos débiles, la teoría del contrato social tenía recursos que han atraído a los teóricos morales actuales. De hecho, en los últimos años la teoría contractual ha registrado un considerable resurgimiento. Esta teoría contractual contemporánea es más ambiciosa que su precedente histórico, pues espera ofrecer una justificación contractual no sólo de la obligación política sino también de las obligaciones personales que los teóricos clásicos del contrato simplemente daban por supuestas. Puede parecer que una defensa contractual de la obligación personal es incluso menos plausible que una defensa de la obligación política. Una defensa contractual de la obligación política se enfrenta a muchos problemas prácticos, pero el fundamentar las obligaciones personales en el contrato plantea un problema lógico. No tiene sentido decir que las personas podrían firmar un contrato por el que acuerdan mantener las promesas contractuales. Sin embargo, lo que los teóricos contractuales contemporáneos toman de la tradición anterior no es este énfasis en la promesa. Se inspiran más bien en otros dos elementos: 1) las obligaciones son convencionales, no divinas, y surgen de la interacción entre personas iguales por naturaleza; 2) las obligaciones convencionales garantizan intereses humanos importantes. Uniendo ambos elementos es posible «re»-interpretar los contratos sociales principalmente no como promesas sino como recursos para identificar las convenciones sociales que fomentan los intereses de los miembros de la sociedad.

 

2. Teorías éticas actuales del contrato social
La teoría del contrato social contemporáneo presenta dos formas basícas. Si bien ambas aceptan la concepción contractual clásica de que las personas son iguales por naturaleza, tienen concepciones diferentes de nuestra igualdad natural. Un enfoque subraya una igualdad natural de fuerza física, que hace que sea mutuamente beneficioso para las personas aceptar convenciones que reconocen y protegen los intereses y posesiones de cada cual. El otro enfoque subraya una igualdad natural de estatus moral, que hace de los intereses de cada persona objeto de interés común o imparcial. Este interés imparcial se expresa en acuerdos que reconocen los intereses y el estatus moral de cada persona. Voy a denominar a los defensores de la teoría del beneficio mutuo «contractualistas hobbesianos» y a los defensores de la teoría imparcial «contractualistas kantianos», pues Hobbes y Kant inspiraron y prefiguraron estas dos formas de teoría contractual.

1. El contractualismo hobbesiano: la moralidad como beneficio recíproco
Según los contractualistas hobbesianos, la concepción moderna descarta las ideas anteriores de derechos divinos o deberes naturales. Siempre que intentamos encontrar valores morales objetivos lo que encontramos en su lugar son las preferencias subjetivas de los individuos. Por ello no hay nada inherentemente bueno o malo en las metas que uno decide seguir, o en los medios por los que uno persigue estos fines -incluso si ello supone perjudicar a los demás. Sin embargo, si bien no hay nada inherentemente malo en perjudicarte, me resultaría mejor abstenerme de hacerlo si cualquier otra persona se abstiene de hacérmelo a mi. Semejante pacto de no-agresión es mutuamente beneficioso -no tenemos que desperdiciar recursos defendiendo nuestra persona y propiedades, y esto nos permite entablar una cooperación estable. Si bien no es inherentemente malo causar daño, cada persona gana aceptando acuerdos que lo definen como «malo».

El contenido de estos acuerdos será objeto de negociación -cada persona deseará que el acuerdo resultante proteja sus propios intereses tanto como sea posible limitándole lo menos posible. Si bien los acuerdos sociales no son en realidad contratos podemos considerar esta negociación acerca de convenios mutuamente beneficiosos como el proceso por el que una comunidad instituye su «contrato social». Y si bien este contrato social no pretende ser una defensa de las nociones tradicionales de la obligación moral, incluirá algunas de las limitaciones que los teóricos anteriores consideraban deberes naturales -por ejemplo, el deber de no robar, o el deber de compartir equitativamente los beneficios de la cooperación entre los miembros del grupo. Las convenciones de beneficio recíproco ocupan parte del lugar de la moralidad tradicional, y por esa razón puede considerarse que proporcionan un código «moral», aun cuando se «cree como limitación racional a partir de premisas no morales de elección racional» (Gauthier, 1986, pág. 4). Con razón Gauthier denomina a esto un «artificio moral», pues limita artificialmente lo que la gente tiene naturalmente derecho a hacer. Pero si bien las limitaciones resultantes se solapan en parte con los deberes morales tradicionales, esta coincidencia está lejos de ser completa. El que sea o no beneficioso seguir una convención particular depende del propio poder de negociación, y la persona fuerte y con talento tendrá mis poder que la persona débil y enfermiza. Esta última produce poco de valor, y lo poco que produce puede ser sencillamente expropiado por los demás sin temor a la venganza. Como es poco lo que se gana de la cooperación con los débiles, y no hay que temer venganza alguna, el fuerte tiene pocos motivos para aceptar convenciones que ayuden a los débiles.

Las convenciones resultantes concederán derechos a personas diversas, pero como estos derechos dependen del poder de negociación de cada cual, el contractualismo hobbesiano no considera que los individuos tengan derechos o un estatus moral inherente alguno. En realidad, la teoría permite que se mate o esclavice a algunas personas, pues «si las diferencias personales son lo suficientemente grandes», el fuerte tendrá la capacidad de «eliminar» al débil o de tomar cualesquiera bienes producidos por éste, instituyendo así «algo similar al contrato de esclavitud» (Buchanan, 1975, págs. 59-60). Esta no es simplemente una posibilidad abstracta. Las diferencias personales son tan grandes para los seres humanos indefensos o «defectuosos» como los bebés o los que sufren una incapacidad congénita, que por ello quedan fuera del alcance de la moralidad (Gauthier, 1986, pág. 268).

Dije antes que el contractualismo hobbesiano acepta la concepción contractual clásica de que los humanos son iguales por naturaleza. ¿Qué tipo de igualdad subyace a una teoría que está preparada para aceptar la esclavitud de los indefensos? Dado que la teoría no reconoce un estatus moral inherente, cualquier igualdad de derechos entre las personas presupone una previa igualdad física entre ellas. Los hobbesianos afirman que como tengo capacidades y vulnerabilidades físicas iguales que las de los demás -igual capacidad de dañar a los demás y vulnerabilidad de ser dañado- debo mostrar un interés igual por los demás, pues debo garantizar un orden que dé a cada persona razones para abstenerse de ejercer el poder de dañar. Por supuesto, los hobbesianos saben que este supuesto de la igualdad natural de la fuerza física es a menudo falso. Lo que dicen no es que las personas sean de hecho iguales por naturaleza, sino más bien que la moralidad sólo es posible en tanto en cuanto esto sea así. Por naturaleza todo el mundo tiene derecho a utilizar los medios de que disponga, y sólo se plantearán las limitaciones morales si las personas tienen una fuerza aproximadamente igual. Pues sólo entonces cada individuo ganará más de la protección de su propia persona y propiedades de lo que perderá absteniéndose de utilizar los cuerpos o recursos de los demás. Sin embargo, la igualdad natural no basta, pues las desigualdades artificiales también pueden socavar la base necesaria para la limitación moral. Personas con capacidades físicas similares pueden tener capacidades tecnológicas muy desiguales, y las que tienen una tecnología más avanzada a menudo pueden dictar los términos de la interacción social. En realidad, la tecnología puede llevarnos al punto en que, como indica Hobbes, hay un «poder irresistible» en la tierra, y para Hobbes y sus seguidores contemporáneos, este poder «justifica en realidad y de forma adecuada todas las acciones, téngalo quien lo tenga». En un mundo así no tendría lugar la limitación moral.

¿Qué pensar del contractualismo hobbesiano como teoría moral? No concuerda con nuestra comprensión cotidiana de la moralidad. Los hobbesianos afirman que los derechos se derivan de las limitaciones necesarias para la cooperación mutuamente beneficiosa, aun cuando la actividad en que cooperan las personas sea la explotación de los demás. Sin embargo, la moralidad cotidiana nos dice que las actividades mutuamente beneficiosas deben respetar primero los derechos de los demás, incluidos los derechos de los que son demasiado débiles para defender sus intereses. Para los fuertes puede resultar ventajoso esclavizar a los débiles, pero los débiles tienen unos derechos previos de justicia frente a los fuertes. En realidad, normalmente pensamos que la vulnerabilidad de las personas no disminuye sino que fortalece nuestras obligaciones morales. El beneficio mutuo no puede ser el fundamento de la moralidad tal y como la comprendemos normalmente, pues existen derechos morales previos a la búsqueda del beneficio mutuo.

Por supuesto, esta apelación a la moralidad cotidiana es una petición de principio. El enfoque hobbesiano se basa en la idea de que no existen deberes naturales para con los demás -desafía a quienes creen que existe «una verdadera diferencia moral entre lo correcto y lo incorrecto que todos los hombres tienen el deber de respetar» (Gough, 1957, pág. 118). Afirmar que el contractualismo hobbesiano ignora nuestro deber de proteger a los vulnerables no es ofrecer un argumento contra la teoría, pues lo que está en cuestión es precisamente la existencia de estos deberes morales. Pero si el contractualismo hobbesiano niega que exista una verdadera diferencia moral entre bien y mal que todos deban respetar, no es tanto una explicación alternativa de la moralidad como una alternativa a la moralidad. Si bien puede llevar a la justicia cuando las personas tienen igual poder, también conduce a la explotación cuando «las diferencias personales son suficientemente grandes», y la teoría no ofrece razones para preferir la justicia a la explotación. Si las personas actúan justamente, no es porque la moralidad sea un valor, sino sólo porque carecen de una fuerza irresistible y por lo tanto deben instituir la moralidad. Una teoría que niegue que la moralidad sea un valor puede ser un análisis útil del egoísmo racional (véase el artículo 16, «El egoísmo») o bien una realpolitik, pero no una explicación de la justificación moral.

Una vez más, esta no es una refutación de la teoría. El hecho de que el contractualismo hobbesiano no se adecue a las concepciones estándar de la moralidad no inquietará a nadie que piense que esas ideas son insostenibles. Si las concepciones estándar de la moralidad son insostenibles, y si el contractualismo hobbesiano no puede explicar la moralidad, tanto peor para la moralidad. La moralidad hobbesiana puede ser lo mejor a que podemos aspirar en un mundo sin deberes naturales o valores objetivos.

2. El contractualismo kantiano: la moralidad como imparcialidad
La segunda corriente de la teoría contractual contemporánea es en muchos sentidos opuesta a la primera. Utiliza el recurso del contrato social para crear, en vez de para sustituir, las nociones tradicionales de obligación moral; utiliza la idea de contrato para expresar la posición moral inherente de las personas, en vez de para crear una posición moral artificial; y utiliza el recurso del contrato para negar, en vez de para reflejar, un poder de negociación desigual. Tanto en las premisas como en las conclusiones esta versión de la teoría contractual está, en términos morales, en las antípodas de la anterior.

El exponente más conocido del contractualismo kantiano es John Rawls. De acuerdo con su concepción, las personas son «una fuente de exigencias válidas originada en sí misma» (es decir, que las personas importan, desde el punto de vista moral, no porque puedan dañar o beneficiar a los demás como en la teoría hobbesiana sino porque son «fines en sí mismas»). Esta expresión kantiana implica un concepto de igualdad moral -cada persona importa e importa por igual, cada persona tiene derecho a un trato igual. Esta noción de igual consideración origina a escala social un «deber natural de justicia». Tenemos el deber de fomentar instituciones justas, un deber que no se deriva del consentimiento o del beneficio mutuo, sino que simplemente debemos a las personas en cuanto tales.

¿Cuál es el contenido de nuestro deber natural de justicia? Tenemos intuiciones sobre lo que significa tratar con igual consideración a las personas, pero como nuestro sentido de la justicia es vago necesitamos un procedimiento que nos ayude a determinar su contenido preciso. Según Rawls, la idea de contrato social es un procedimiento semejante, pues encarna un principio básico de deliberación imparcial -es decir, que cada persona tiene en cuenta las necesidades de los demás «en cuanto seres libres e iguales».

Pero como hemos visto, los contratos no son siempre entre seres libres e iguales, y pueden no tener en cuenta las necesidades de los débiles. Muchas personas consideran que este es el resultado inevitable de cualquier teoría contractual, pues los contratos en el sentido jurídico común son acuerdos entre personas cada una de las cuales intenta procurarse para sí todo lo que puede, en vez de intentar satisfacer el bien de todos por igual. Sin embargo Rawls cree que lo que plantea el problema no es la idea de un acuerdo entre partes contratantes interesadas en sí mismas, sino las condiciones en las que se determina el contrato. Un contrato puede otorgar igual consideración a cada una de las partes, pero sólo si se negocia desde una posición de igualdad, lo que en la teoría de Rawls se denomina la «posición original».

¿Cuál es esta posición original de igualdad? Rawls afirma que «corresponde al estado de naturaleza de la teoría tradicional del contrato social» (1971, pág. 12). Pero el estado de naturaleza tradicional permite que el fuerte despliegue un mayor poder negociador, por lo que no es una posición de verdadera igualdad. Rawls espera garantizar una verdadera igualdad privando a las personas en la posición original del conocimiento de su posición final en la sociedad. Las personas deben convenir unos principios de justicia bajo un «velo de ignorancia» -sin conocer sus dotes o incapacidades naturales, y sin conocer qué posición ocuparán en la sociedad. Se supone que cada parte intenta procurarse lo más que puede. Pero como nadie conoce qué posición ocupará en la sociedad, el pedir a las personas que decidan lo que es mejor para ellas tiene las mismas consecuencias que pedirles que decidan lo que es mejor para cada cual en términos imparciales. A fin de decidir tras un velo de ignorancia qué principios fomentarán mi bien, debo ponerme en la piel de cada persona de la sociedad y ver qué fomenta su bien, pues puedo terminar yo siendo una de esas personas. Unido al velo de ignorancia, el supuesto del autointerés no es diferente de un supuesto de benevolencia, pues debo identificarme congenialmente con cualquier persona de la sociedad y tener en cuenta su bien como si fuese el mío propio. De este modo, los acuerdos establecidos en la posición original otorgan una igual consideración a cada persona. La posición original «representa la igualdad entre los seres humanos como personas morales» (Rawls, 1971, pág. 190) v sólo en semejante posición de igualdad el contrato es un instrumento útil para determinar el contenido de nuestro deber natural de justicia.

Este es pues el papel del contrato social de Rawls desde una posición original de igualdad (se trata más de una generalización de la Regla de Oro que de una generalización de la doctrina tradicional del estado de naturaleza). No todos los contractualistas kantianos utilizan la posición original de Rawls, pero al igual que Rawls, sustituyen el estado de naturaleza tradicional por posiciones de contratación que instan a cada parte a otorgar una consideración imparcial a los intereses de cada miembro de la sociedad. Y si bien no concuerdan en qué principios deberían elegir las partes contratantes imparciales, gravitan hacia una suerte de igualdad de derechos y recursos. No están prohibidas las desigualdades, pero la exigencia de justificación imparcial sugiere que las desigualdades tienen que justificarse ante los que salen peor parados, y quizás someterse a su veto. Al igual que la versión hobbesiana, el contractualismo kantiano ofrece una explicación de la idea de que somos, por naturaleza, iguales. Pero para los kantianos esta igualdad natural se refiere a una igualdad moral sustantiva -en realidad, la idea básica del razonamiento contractual kantiano es que éste «sustituye una desigualdad física por una igualdad moral» (Diggs, 1981, pág. 282).

¿Qué pensar de las teorías contractualistas kantianas de la moralidad? Estas resultarán intuitivamente atrayentes para aquéllos (sospecho que la mayoría) que suscriben las nociones subyacentes de igualdad moral y justicia. El contractualismo kantiano expresa una creencia generalizada en que la imparcialidad es definitoria del punto de vista moral -el punto de vista moral precisamente es el punto de vista desde el cual cada persona importa por igual. Esta creencia no es sólo propia de la ética kantiana, sino de toda la tradición ética occidental, tanto cristiana (todos somos hijos de Dios) como laica (el utilitarismo ofrece su propia interpretación no contractual de la exigencia de igual consideración de las personas; véase el artículo 40, «El prescriptivismo universal», para otra interpretación no contractual). Al contrario que la versión hobbesiana, el contractualismo kantiano sintoniza con estos elementos básicos de nuestra concepción moral común.

Lo que no está claro es si el recurso contractual consigue defender o desarrollar estas ideas. Pensemos en la tesis de Rawls de que las partes contratantes imparciales convendrían en distribuir los recursos por igual a menos que la desigualdad vaya en beneficio de los peor parados. Este principio se elige porque las partes contratantes imparciales no están dispuestas (según Rawls) a arriesgarse a ser uno de los indignos perdedores de una sociedad no igualitaria, aun cuando ese riesgo sea pequeño en comparación con la probabilidad de ser uno de los ganadores. Pero como admite Rawls, son posibles otros supuestos sobre las disposiciones de las partes, en cuyo caso se elegirían otros principios. Si las partes contratantes están dispuestas a jugar, podrían elegir principios utilitarios que maximicen la utilidad que cada parte tiene probabilidades de tener en la sociedad, pero que suponen el riesgo de que puedan terminar siendo una de las personas sacrificadas en aras del mayor bien de los demás. De hecho, la descripción de la posición original tiene muchas variantes posibles, con lo que «para cada concepción tradicional de la justicia hay una interpretación de la situación inicial en la que sus principios constituyen la solución preferida» (Rawls, 1971, pág. 121). ¿Cómo conocemos entonces qué interpretación es la más adecuada? Según Rawls decidimos examinando qué interpretación supone unos principios que concuerdan con nuestras nociones de justicia. Si los principios elegidos en una interpretación de la posición original no concuerdan con nuestros juicios reflexivos, pasaremos a otra interpretación que suponga principios más en consonancia con nuestras convicciones.

Pero si cada teoría de la justicia tiene su propia versión de la situación contractual, tenemos que decidir de antemano qué teoría de la justicia aceptamos, a fin de conocer qué descripción de la posición original es la adecuada. La oposición de Rawls a que uno se juegue la vida en beneficio de las demás, o a penalizar a las personas con incapacidades naturales no merecidas, le lleva a describir la posición original de una manera; quienes discrepen con Rawls sobre estas cuestiones la describirán de otra manera. Esta disputa no puede resolverse apelando al acuerdo contractual. Invocar su versión de la situación contractual en defensa de su teoría de la justicia supondría para cada parte una petición de principio, pues la situación contractual presupone la teoría de la justicia. Por ello, todas las cuestiones principales de la justicia tienen que decidirse de antemano, a fin de decidir qué descripción de la posición original aceptar. Pero entonces el contrato es redundante.

Si bien la idea de contratar desde una posición original no puede justificar nuestros juicios morales básicos, pues los presupone, tiene varias utilidades. Puede permitir una mejor definición de nuestros juicios (los acuerdos contractuales deben formularse de manera explícita y pública), hacerlos más expresivos (el velo de ignorancia es una forma expresiva de plantear la exigencia moral de ponerse en la piel de los demás) y con él podemos representar nuestro compromiso para con los demás (el velo de ignorancia representa la exigencia de que aceptaríamos un determinado principio, nos afectase como nos afectase). En estos y otros sentidos, el recurso del contrato arroja luz sobre las ideas básicas de la moralidad como imparcialidad, aún cuando no puede ayudar a defender aquellas ideas. Por otra parte, el recurso del contrato no es necesario para expresar estos juicios morales básicos. La consideración imparcial también se ha expresado mediante el uso de simpatizantes ideales, en vez de partes contratantes imparciales. Ambas teorías piden al agente moral que adopte el punto de vista imparcial, pero mientras que las partes contratantes imparciales consideran a cada miembro de la sociedad como una de las posibles ubicaciones futuras de su propio bien. los simpatizantes ideales consideran a cada persona de la sociedad como uno de los componentes de su propio bien, pues simpatizan con cada una de ellas y por lo tanto comparten su destino. Las dos teorías utilizan diferentes recursos, pero esta diferencia es relativamente superficial, pues la iniciativa básica de ambas teorías consiste en obligar a los agentes a adoptar una perspectiva que les niegue cualquier conocimiento de, o cualquier capacidad de promover, su propio bien particular. En realidad, a menudo es difícil distinguir a las partes contratantes imparciales de los simpatizantes ideales.

También puede conseguirse una consideración imparcial sin recurso especial alguno, simplemente pidiendo a los agentes que den igual importancia a los demás a pesar de su conocimiento de su propio bien y de la capacidad de fomentarlo. Pedimos a cada agente que respete los intereses de los demás, no porque al hacerlo promueva su propio bien, sino porque promueve el bien de aquellos, que son fines en sí mismos cuyo bienestar es moralmente tan importante como el del agente. Como hemos visto, esta comprensión de la imparcialidad es propia de muchas teorías éticas no contractuales, v no son necesarios recursos especiales para expresarla. En realidad, hay una curiosa especie de perversidad en el uso del recurso contractual kantiano (o del simpatizante ideal) para expresar la idea de igualdad moral. El concepto de velo de ignorancia intenta dar vida a la idea de que las demás personas importan en y por sí mismas, no simplemente como componentes de nuestro propio bien. ¡Pero lo hace imponiendo una perspectiva desde la cual el bien de los demás no es más que un componente de nuestro bien (real o posible)! Rawls intenta rebajar la medida en que las personas en la posición original consideran las diversas vidas individuales en sociedad como otros tantos resultados posibles de una elección por autointerés, pero el recurso contractual fomenta esta perspectiva, y oscurece así el verdadero significado del interés imparcial.

Así pues, el recurso contractual no puede contribuir a expresar la idea de igualdad moral. Pero contribuya o no, simplemente es una expresión de compromisos morales previos. Puede ser, en palabras de Whewell, «una forma cómoda de expresar verdades morales» (1845, pág. 218), pero ni defiende ni crea estas verdades. Por ello, la evaluación última del contractualismo kantiano depende de nuestro compromiso con los ideales de igualdad moral y deber natural subyacentes. Para el hobbesiano, estos ideales carecen de fundamento. El contractualismo kantiano pretende expresar Verdades Morales, pero los hobbesianos niegan que existan verdades morales a expresar. Es «misterioso» hablar de deberes morales naturales, pues estos supuestos valores morales no son ni visibles ni se pueden comprobar. No existe nada semejante a una igualdad moral natural subyacente a nuestra (des)igualdad física natural, por lo que el kantismo carece de fundamento.

Esta objeción explica gran parte del atractivo del contractualismo hobbesiano, pues parece ofrecer una respuesta segura al escéptico moral (aunque lo hace sacrificando cualquier pretensión de ser una verdadera moralidad). Sin embargo, el contractualismo kantiano no es más vulnerable a esta acusación que cualquier otra teoría verdaderamente moral. Los kantianos utilizan un enfoque característico para determinar nuestras exigencias morales, pero casi toda la filosofía moral de la tradición occidental comparte el supuesto de que existen exigencias generadoras de obligaciones que todas las personas tienen el deber de respetar. Y, en mi opinión, esta suposición es legítima. Los valores morales no son observables físicamente, pero diferentes ámbitos de conocimiento tienen diferentes tipos de objetividad, y no hay razón para esperar que la moralidad tenga el mismo tipo de objetividad que la biología (véase el artículo 35, «El realismo»).

Pero, como dije anteriormente, la teoría moral no sólo debe identificar las normas morales, sino también explicar por qué nos sentimos obligados a obedecerías. ¿Por qué debería preocuparme por lo que debo hacer moralmente? Los hobbesianos afirman que sólo tengo una razón para hacer algo si la acción satisface un deseo mío. Si las acciones morales no satisfacen deseo alguno, no tengo razón para llevarlas a cabo. Esta teoría de la racionalidad puede ser verdadera incluso si existen normas morales objetivas. El contractualismo kantiano puede ofrecer una verdadera explicación de la moralidad, y ser aún sólo una perspectiva intelectual carente de efecto motivacional. Por contra, las teorías hobbesianas ofrecen al agente una razón clara para preocuparse por los deberes «morales» que afirman -a saber, aumentan su satisfacción de los deseos a largo plazo.

¿Por qué las personas que poseen un poder desigual deben abstenerse de utilizarlo en su propio interés? Buchanan afirma que los poderosos sólo tratarán a los demás como iguales desde el punto de vista moral si «artificialmente» se les impele a hacerlo «mediante la adhesión general a normas éticas internas» (1975, págs. 175-6). Y en realidad Rawls invoca la «adhesión a normas éticas internas», como nuestro sentido de la justicia, para explicar la razonabilidad de obedecer los deberes morales. Al decir que estas apelaciones a normas éticas con «artificiales», Buchanan significa que los kantianos han fracasado en encontrar una motivación «real» para actuar moralmente. Pero ¿por qué nuestra motivación para actuar moralmente no debería ser una motivación moral? Para Kant y para sus seguidores contemporáneos es innecesario buscar una motivación no moral a la acción moral -las personas pueden estar motivadas a actuar moralmente simplemente llegando a comprender las razones morales para hacerlo. Esto puede parecer «artificial» para aquellos que aceptan una concepción hobbesiana de la racionalidad, pero precisamente de lo que se trata es de la aceptabilidad de esa noción. Igual que la objetividad de la moralidad no tiene que satisfacer normas empíricas de objetividad, su racionalidad no tiene que satistacer normas de racionalidad basadas en los deseos.

 

3. Conclusión
¿Qué unifica el conjunto de la tradición contractual? A menudo se afirma que todas las teorías contractuales fundamentan la moralidad en el acuerdo. Pero sólo los teóricos clásicos fundaron realmente la obligación en el acuerdo. Para los teóricos modernos, el acuerdo no es más que un recurso para identificar las exigencias de imparcialidad o beneficio mutuo, que constituyen el fundamento real de la obligación. La idea de acuerdo social se utiliza para sopesar los intereses de las personas según los criterios de imparcialidad o beneficio mutuo, pero si otro recurso aplicase con más exactitud estos criterios, podría desecharse por completo de la teoría el contrato. A menudo se afirma que las teorías contractuales están comprometidas con un individualismo atomista, considerando la sociedad como producto artificial del acuerdo entre individuos presociales. Esto lo sugiere realmente una lectura excesivamente literal del término «contrato social». Pero sólo los teóricos clásicos hablaron de personas que abandonan su estado natural para crear relaciones artificiales (e incluso entonces las que se consideraban artificiales eran relaciones políticas y no sociales). No hay una razón intrínseca por la que las teorías contractuales modernas sean individualistas. Como son simplemente recursos para sopesar intereses, pueden utilizarse sin concepción alguna de nuestros intereses, incluidos los que afirman nuestra sociabilidad natural. A la postre, es muy poco lo que unifica el conjunto de esta tradición. No podemos evaluar las teorías contractuales simplemente como teorías del contrato, pues esa denominación no explica ni las premisas ni las conclusiones. Debemos evaluar las tres teorías que integran la tradición como teorías diferentes, fundadas respectivamente en el derecho natural, en el beneficio mutuo y en la imparcialidad. En cierto sentido no existe en ética una tradición contractual, sino sólo un recurso contractual que han utilizado muchas tradiciones diferentes por muy diferentes razones.

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